SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla no pidió prorrogar la situación de prisión provisional para un narcotraficante condenado a diez años de cárcel que se encuentra en paradero desconocido después de que huyera cuando se encontraba en libertad porque los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla no prorrogaron la prisión del detenido entretanto se resolvía su recurso de casación interpuesto contra la sentencia condenatoria --ya confirmada--.
Fuentes del Ministerio Público explicaron hoy que la sentencia fue dictada el 25 de octubre de 2007, condenando a P.R.G. a diez años de prisión después de que fuera descubierto junto a otros dos sujetos con 30 kilogramos de heroína en una parcela de Coria del Río.
Así las cosas, el reo se encontraba en la cárcel desde el 9 de febrero de 2006 por estos hechos, si bien tuvo que ser puesto en libertad porque el 9 de febrero de 2008 venció la prisión provisional sin que su sentencia fuera firme, de manera que el inculpado quedó en libertad con la obligación apud-acta de comparecer dos veces semanales en sede judicial.
Fuentes fiscales aseguraron que la competencia de depurar las posibles responsabilidades para el fiscal que no pidió prorrogar la prisión provisional corresponde a la Fiscalía General del Estado, si bien, según las mismas fuentes, "no era condición indispensable que lo pidiera --la prisión-- la Fiscalía".
Por estos hechos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha abierto un expediente a la magistrada encargada del caso, a la que se atribuye en principio una falta muy grave de desatención.
Tal y como adelanta en su edición de hoy Diario de Sevilla el ahora fugado estuvo cumpliendo con la obligación de presentarse dos días en semana en la sede judicial que lo condenó hasta que dejó de hacerlo, por lo que la Sección Séptima dictó una orden de busca y captura contra el narcotraficante, cuya sentencia ya es firme al ser confirmada por el Tribunal Supremo.
El mismo rotativo recuerda que la Comisión Disciplinaria entiende que la conducta de la magistrada puede constituir una falta "muy grave" de desatención, una sanción superior a la que se impuso en su día al juez Rafael Tirado por el retraso en la ejecutoria de Santiago del Valle. El artículo 417.9 de la ley orgánica del Poder Judicial, por el que se ha abierto expediente a la magistrada, sanciona precisamente con la suspensión, el traslado forzoso e incluso la expulsión de la carrera judicial la comisión de faltas muy graves debido a "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".
