GRANADA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Defensor del Pueblo Andaluz abogaron hoy por introducir reformas en las respuestas que determina el ordenamiento penal en delitos contra la ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente, tras celebrar en la sede del TSJA las III Jornadas de Trabajo conjuntas en este sentido.
Esa fue la principal conclusión extraída de las jornadas y presentada en rueda de prensa en Granada por el fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que manifestó que el número de quejas por "contaminación acústica" se duplicó el pasado año.
Ambas instituciones reiteraron a los poderes públicos y a toda la sociedad andaluza en su conjunto la importancia de los valores e intereses generales relacionados con nuestro medioambiente y el patrimonio histórico-artístico, por lo que destacaron la necesidad de "extremar" las labores de promoción, concienciación y vigilancia.
Además, la existencia de una amplia normativa de intervención y protección en el ámbito administrativo debe ser complementada con la singular protección que se ofrece desde el ámbito del Derecho Penal, lo que exige desarrollar mecanismos imprescindibles de coordinación y colaboración entre todos los poderes y autoridades competentes para ofrecer esa protección ejercida con "eficacia y responsabilidad".
El Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía del TSJA, conscientes de su función protectora de los derechos y promotora de la legalidad, analizaron hoy aspectos concretos en el tratamiento penal de las conductas que atentan contra los valores medioambientales e histórico-artísticos de nuestra sociedad y ofrecen posibles vías de mejora en las respuestas que determina el ordenamiento penal.
De hecho, en lo relativo a los delitos sobre la ordenación del territorio se ha elaborado un informe específico sobre las modificaciones del Código Penal que "se estiman convenientes" para "perfeccionar la regulación en esta delicada materia y también para incluir como descriptivas de este delito las actividades de parcelaciones ilegales", según manifestó Chamizo, que comparecerá en breves fechas en el Parlamento a fin de dar cuenta de esta iniciativa de adecuación de la norma penal.
Por cuanto respecta a los delitos contra el patrimonio histórico y artístico, la Fiscalía del TSJA y el Defensor consideraron también oportuno una "mejora técnica" en la regulación de los delitos propios de esta materia. En todo caso, y a pesar de la conveniencia de esta posible reforma, coincidieron en recordar que la "actual normativa penal permite ofrecer un cauce de protección singular y válido para perseguir comportamientos inaceptables".
Por último, expresaron la importancia de contar con una Ley General del Medio Ambiente que unifique, en el ámbito administrativo, una normativa sectorial dispersa y confusa que encaja con dificultad en la regulación de ámbito penal, así como "la utilidad" de establecer penas de inhabilitación profesional de los responsables de estos delitos, incluyendo mecanismos adecuados para considerar a las personas jurídicas como plenamente responsables en los casos de delitos contra el medioambiente.
Otro aspecto de mejora del Código Penal es garantizar un efectivo resarcimiento económico de los daños causados, y lograr que la sanción económica que se imponga a los responsables disuada las expectativas de obtención de beneficios que se persiguen con estos incumplimientos.
