TARRAGONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Tarragona anunció hoy que juzgará al catedrático en Medicina Legal de la Universidad de Sevilla Luis Frontela acusado de mentir durante el juicio contra los dueños, una trabajadora y un médico de Cataluña Llar, una clínica geriátrica de Reus donde fallecieron 18 ancianos en 1994, algunos de ellos supuestamente por sobremedicación.
El Defensor del Paciente informó hoy de la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en un comunicado, en el que se mostró sorprendido por el "inexplicable" modo de actuar del forense, que analizó el hígado y no la sangre --como debió haber hecho-- para determinar si los ancianos habían fallecido por el exceso de sedantes.
Además, Frontela reconoció no haber estudiado el análisis de sangre que le proporcionó el Instituto Nacional de Toxicología (INT), que descartaba la presencia de tóxicos en la sangre, pero no aceptó haberse equivocado.
La Audiencia de Tarragona lo juzgará por un delito de falso testimonio, penado con entre dos y tres años de cárcel y de seis a 12 de inhabilitación, al entender que existen indicios racionales suficientes. La Fiscalía descarta motivos económicos, ya que Frontela --quien declaró en calidad de perito en casos como el de Rocío Wanninkhof y el de las "niñas de Alcasser"-- fue citado de oficio.
El juicio por la muerte de los ancianos en Cataluña Llar se celebró en octubre de 2000 en la Sección Tercera y los cuatro procesados fueron absueltos al no quedar acreditado que el fallecimiento de los ancianos fuera causado por la ingestión de benzodiazepina y neurolépticos ni que suministraran dosis superiores a las prescritas, según la Fiscalía.
Los sedantes, unidos al estado de debilidad que presentaban algunos ancianos, producía un aletargamiento de los pacientes que derivó en la muerte de dos pacientes. La relación causa-efecto entre la sobremedicación y el fallecimiento quedó demostrada, según los informes de Frontela, en las altas dosis de dichas sustancias.
Por eso, el Ministerio Público solicitó para los dos propietarios del centro, Josep María M. y Gloria P., un total de 30 años de prisión por dos delitos de homicidio y otro de detención ilegal.
Sin embargo, el tribunal otorgó más veracidad a las "conclusiones objetivas e imparciales" del INT --que no encontró restos de sedantes en la sangre de los ancianos--, que a las afirmaciones del doctor Frontela. Éste "tenía un palmario afán por defender a toda costa sus conclusiones, incluso a base de incurrir en contradicciones", añadió en la sentencia.
Los cuatro procesados fueron absueltos por falta de pruebas y decidieron emprender acciones legales en busca de una compensación por el tiempo pasado en prisión preventiva. Gloria P. pasó tres años en la cárcel, mientras que su esposo estuvo casi seis meses, y la trabajadora Amelia C., uno.
Tras conocer la sentencia, interpusieron querellas criminales contra la responsable del sindicato CC.OO. de Cataluña en el Baix Camp, las dos ex trabajadoras que denunciaron el centro y Frontela. Consideraron que éste "se equivocó de manera deliberada y maliciosa, sabiendo que el resultado de sus pruebas no eran los verdaderos" cuando efectuó las autopsias a varios ancianos del centro.
