Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas critica el "hostigamiento" a abogados del 'procés' desde organismos colegiales

Publicado: martes, 11 septiembre 2018 18:50

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (FAI-RADE) ha manifestado este martes su "repulsa" por lo que consideran una "instrumentalización de las instituciones del derecho" por parte del Colegio de Abogados de Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a quienes acusan de "hostigar" a los letrados que ejercen la defensa en asuntos judiciales relacionados con el 'procés' independentista en Cataluña.

Este colectivo de letrados muestra en un comunicado de forma concreta su "estupor" por el posicionamiento que el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, quien hace unos días emitió un comunicado expresando su apoyo expreso al instructor de la causa, Pablo Llarena, frente a la demanda civil presentada contra él en Bélgica.

FAI-RADE denuncia que los abogados encargados de la defensa de diversos políticos catalanes están recibiendo amenazas y presiones que atentan directamente contra el derecho de defensa y la independencia del poder judicial. Hace especial mención a los casos de los abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso Cuevillas, que integran el colectivo de defensores del expresident Carles Puigdemont y otros procesados que se encuentran huidos.

Para este Foro resulta inasumible que se toleren las amenazas, manifestaciones de odio y declaraciones injuriosas a las que se están viendo sometidos de manera sistemática los letrados, "ataques inadmisibles contra el ejercicio del derecho de defensa, derecho que viene reconocido en la Constitución y todos los tratados y convenios internacionales que protegen los derechos fundamentales de todas las personas".

Finalmente, estos letrados han comunicado su rechazo a la decisión del Gobierno de costear con medio millón de euros la defensa del juez Pablo Llarena en su proceso judicial en Bélgica, "no siendo lógico que el Estado, y por ende el conjunto de los ciudadanos españoles, tengan que abonar los gastos judiciales de la defensa de un juez con ocasión de un proceso judicial que tiene como base la actuación particular de un magistrado fuera de su función jurisdiccional".