LÉRIDA 4 (EUROPA PRESS)
Un funcionario de la Delegación en Girona de la Dirección General de Puertos y Transportes de la Generalitat ha aceptado una pena de dos años de prisión, una multa de 5.400 euros y la inhabilitación del puesto de trabajo durante ocho años, lo que significa la pérdida del empleo, por aceptar sobornos de transportistas, según informó a Europa Press su abogado.
A través de un cómplice, que también reconoció los hechos, ofrecía a los transportistas romper las multas si ellos le pagaban una parte del importe en dinero negro. Su cómplice aceptó la multa de la misma cuantía y el único transportista imputado, un hombre de La Coruña, aceptó una multa de 1.800 euros.
El fiscal pidió inicialmente para el funcionario cuatro años de cárcel, pero el lunes, dos días antes de la fecha del juicio, previsto para hoy, Fiscalía y abogados de los tres acusados llegaron a un acuerdo de conformidad.
Fue una empresa de Lérida a la que el funcionario se ofreció para ser sobornado la que denunció los hechos en el Juzgado de Cervera, circunstancia por la que el juicio se convocó en la Audiencia de Lérida.
