Critican la falta de "voluntad política" del Gobierno de Aguirre en solucionar la "grave situación" de los tribunales
MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los casi 6.000 funcionarios de la Justicia madrileña volverán hoy a la huelga para denunciar el incumplimiento del acuerdo sectorial que se fraguó hace un año entre el ex consejero y actual director del departamento del PP en el Exterior, Alfredo Prada, y la plataforma sindical, CCOO, STAJ y UGT, para poner fin al parón del sector que mantuvo durante once días en jaque a los tribunales de la región, con la suspensión de una media de 800 juicios diarios.
El 11 de diciembre de 2007 se firmó un convenio que contemplaba una subida salarial de 450 euros de manera paulatina, es decir, 130 euros en 2008, otros 155 en 2009, 75 más en 2010 y 90 más en 2011. También se incluía un plan de choque para incrementar las plantillas de los Registros Civiles y los Juzgados de lo Penal, los más desbordados de Madrid. Prada se comprometió a que el acuerdo entraría en vigor el 1 de enero de 2008 y que el aumento retributivo se incluiría en la Ley de Presupuestos de 2009.
Convocados por la plataforma sindical, los trabajadores de la Justicia marcharán desde Cibeles hasta el número 18 de Gran Vía, sede de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, para denunciar la falta de "voluntad política" del Gobierno de Esperanza Aguirre en solucionar la "grave situación" de los tribunales de la Comunidad, que soportan el 38 por ciento de los asuntos que entran en los juzgados españoles. Los sindicatos critican que el incumplimiento del pacto está impidiendo frenar "el fuerte deterioro" de este servicio público.
Los empleados públicos responsabilizan a la Administración autonómica de la vuelta a "la situación de confrontación", puesto que, según denuncian, desde la firma del acuerdo han llevado a cabo "todo tipo de maniobras para rehuir el cumplimiento de los contenidos pactados".
CRISIS ECONÓMICA
Hace unas semanas, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, anunció en la Asamblea de Madrid que el Gobierno regional no aplicará en 2009 y 2010 la subida salarial prometida debido a la crisis económica. No obstante, adelantó que la recibirán toda junta en 2011. Los funcionarios recibieron esta noticia como "un jarro de agua fría" y decidieron emprender una serie de movilizaciones para forzarle a cumplir lo prometido, denunciando que se escuden en "las limitaciones presupuestarias" para evitar el acuerdo.
Si Granados no cambia de opinión, CC.OO., STAJ y UGT alertan de que esta decisión dañará irreversiblemente los derechos de los ciudadanos madrileños a la tutela judicial efectiva, al situar a la Administración de Justicia en una situación de asfixia real.
LOS REGISTROS CIVILES, COLAPSADOS
El colapso de los tribunales de Madrid se ceba especialmente con los Registros Civiles, en la calle Pradillo, cuya escasez de plantilla escenifica "la gravísima" situación de los órganos judiciales madrileños, según los sindicatos. El atasco se agrava en el caso de los registros de otros partido judiciales de la región, con una plantilla formada por un sólo funcionario.
La falta de personal también aqueja a los Juzgados de lo Penal, que enjuician delitos con una pena aparejada inferior a cinco años de cárcel. Con "la misma plantilla de hace veinte años", según los sindicatos, la situación en estos órganos judiciales es "insostenible".
También critican que existan contratos de refuerzo por un mes, puesto que si una funcionaria está embarazada no se la renueva y si un empleado público está de baja, tampoco se le actualiza el contrato. Esto provoca que esas plazas estén vacías hasta tres meses, puesto que la Consejería no remplaza al personal.
La huelga que concluyó hace un año bloqueó los tribunales de la región. Uno de los órganos más afectados fue la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo presidente, Francisco Javier Vieira, llegó a emplazar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que mediase entre el Gobierno regional y los funcionarios para poner punto y final a los paros indefinidos. El parón provocó la suspensión de una media de 800 juicios diarios
