Recomienda a España aumentar su presencia en la misión de la UE en Darfur y en la misión conjunta de ONU y Unión Africana
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Alternativas, cercana al PSOE, apuesta en un informe por "reconsiderar" el actual límite de personal de las Fuerzas Armadas que pueden participar en misiones en el exterior, que es de 3.000 efectivos, por considerar que este tope "contrasta con la relevancia de España en este área".
"(Este techo) obliga a limitar nuestro compromiso en operaciones de gestión de crisis, relevantes para nuestros intereses, desplazando tropas para cumplir con este criterio numérico", afirma el documento, que añade que "reconsiderar" el límite estaría de acuerdo con la apuesta por el "multilateralismo efectivo" que promueve el Gobierno, con los "principios básicos de la defensa nacional moderna" y con la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
El informe, elaborado por el Observatorio de Política Exterior (OPEX) de la Fundación Alternativas, se concentra en analizar la situación de la provincia sudanesa de Darfur --en guerra civil desde febrero de 2003-- y del vecino Chad, y recomienda al Gobierno español que se implique más en esta crisis política y militarmente.
La violencia interétnica en esta región ha causado la muerte a más de 200.000 personas y ha generado millones de refugiados y de desplazados internos y además, según el informe, se teme que sus porosas fronteras se conviertan en un refugio para el terrorismo islámico internacional, de modo que la crisis no es sólo humanitaria, sino también de seguridad mundial.
Por ello, el documento señala que España debería estudiar aumentar su contribución a la misión militar de la UE (EUFOR), que apoya a la misión civil de la ONU (MINURCAT). España tiene dos oficiales de enlace en MINURCAT y aporta dos aviones de transporte a EUFOR por lo que, según el informe, debería "valorar otras contribuciones, quizás mediante un mayor apoyo logístico o incluso alguna unidad militar".
Además aboga por que España se implique más en la misión híbrida civil y militar puesta en marcha conjuntamente por la ONU y la Unión Africana, que puede alcanzar los 26.000 efectivos --entre militares y policías-- y a febrero de 2008 contaba con sólo 9.000.
Según el informe de OPEX, España podría contribuir con personal civil (como unidades de policía), observadores militares o apoyo logístico "a través de la provisión de medios de transporte terrestres o aéreos, necesarios para que UNAMID pueda cumplir con su mandato".
El informe señala que hay diversos factores que están "poniendo en riesgo" la capacidad de UNAMID de cumplir con su mandato, que es velar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz de Darfur de 2006 y proteger a los civiles. Concretamente, menciona "la falta de transportes aéreos y terrestres" y "la escasez de contribuciones de tropas" por la comunidad internacional, además de los obstáculos que está poniendo el Gobierno de Sudán.
El documento pide también al Gobierno español una mayor participación diplomática y aunque reconoce que "la influencia directa de España sobre Sudán o Chad es mínima" cree que puede ejercerse a través de la UE y de manera bilateral en las relaciones con China, Egipto, Libia y, principalmente, Francia, con quien habría que poner énfasis en la necesidad de apoyar avances democráticos en Chad. Francia es, además de la antigua potencia colonial en Chad, uno de los dos mayores inversores en Sudán --el otro es China--.
APOYAR LA APLICACION DE SANCIONES
En cuanto a los foros multilaterales, reivindica que España tenga una diplomacia "pro-activa" en la UE y en la medida de lo posible en la ONU y que apoye "medidas coercitivas, en particular, la aplicación de las sanciones individualizadas impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU (en 2005)" y otras sanciones multilaterales.
Pide además una mayor implicación en la protección de los derechos humanos a través de los órganos apropiados de la ONU y en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.
Según la Fundación Alternativas, el Gobierno español debería alentar un proceso de paz global para la región que promueva la participación de la sociedad civil (líderes tribales, representantes de desplazados y refugiados, grupos de mujeres, etcétera), reparto equitativo de recursos, mecanismos de justicia y reconciliación.
Además, señala que el Gobierno tendrá que fomentar la coordinación con otras organizaciones españolas que actúan en la región, especialmente las ONG, "teniendo en cuenta el principio general de unidad en la acción exterior".
