MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Nacional Francisco Franco ha presentado este lunes un escrito de alegaciones al proceso iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos en el que pide personarse en la causa.
Fuentes de la fundación han señalado a Europa Press que se consideran "parte" y que desean "ejercer su derecho de petición". No obstante, desconocen si finalmente podrán personarse ya que, como explican, en esta vía "prima la arbitrariedad política y no el derecho".
Eso sí, avisan de que, de producirse una "denegación", la fundación llevaría su acción a la vía contenciosa "contra el órgano gubernamental que se encarga de la tramitación" del real decreto ley que permitiría sacar los restos de Franco del Valle.
Esta acción, explican las mismas fuentes, implicaría la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el "decretazo" aprobado por el Ejecutivo de Sánchez el pasado 31 de agosto.
Para la fundación, el real decreto ley no cumple con los presupuestos y condiciones de urgente y extraordinaria necesidad que exige el artículo 86 de la Carta Magna y la doctrina del propio Tribunal Constitucional.
De igual forma, la asociación denuncia la "extralimitación" del Ejecutivo al aprobar por decreto-ley "lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena" ya que "no solo afecta a los intereses de los afectados, sino a los de todos los ciudadanos".
Además, señala que se trata de una "norma singular" que tiene un único destinatario --en este caso, Franco--, algo que va "en contra de la doctrina constitucional, que prohíbe leyes particulares con destinatario único".
En las alegaciones, la fundación que defiende la memoria del dictador denuncia la inconstitucionalidad del real decreto ley por "conculcar y transgredir abiertamente el Acuerdo Internacional" de España "con la Santa Sede, donde se garantiza la inviolabilidad de los lugares sagrados, como es la basílica del Valle de los Caídos".
Solicita también la recusación de la instructora del procedimiento, Cristina Latorre Sancho y su abstención en el mismo. De no ser así, pide que el Consejo de Ministros "decida sus sustitución por una persona idónea.
