MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que presume la inocencia penal del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aunque le recordó que los jueces están para aplicar la normativa, por lo que consideró que "no se puede saltar" la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar delitos franquistas.
"Yo al señor Garzón también le presumo la inocencia penal, como a todo el mundo, pero creo que no se puede decir que es que a Garzón le han imputado por perseguir los delitos franquistas. No es verdad", aseveró Aguirre en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.
La dirigente regional recordó que "15 jueces del Tribunal Supremo, de todas las tendencias políticas, por unanimidad y sin un voto particular" han decidido que el magistrado "tiene que comparecer como imputado por tres asuntos".
El primero de ellos, señaló, es por "saltarse a la torera" la Ley de Amnistía, "modo que los españoles tuvieron de establecer la reconciliación después de una guerra civil crudelísima, donde hubo barbaridades por ambos lados, donde todo el mundo en sus familias tiene gentes que lucharon en los dos bandos".
"Me parece que la reconciliación y la concordia, que eran el espíritu de la Transición y de la Constitución, estaban en la Ley de Amnistía. Se amnistiaron todos los delitos, cualquiera que fue su resultado. Y ahora resulta que se quiere volver a escarbar y a destapar esos asuntos. Bueno, los asuntos de un lado, porque el señor Garzón dijo que la Ley de Amnistía le impedía a él procesar a (Santiago) Carrillo", puntualizó.
Por ello, consideró que es "un disparate" que el juez intente investigar aquellos hechos y recalcó que el Supremo también entiende que "un juez no se puede saltar la Ley de Amnistía". "Un juez esta para aplicar la ley. Si se quiere cambiar esa ley, tendrá que ser el Congreso el que la cambie", sentenció.
Aguirre recordó que Garzón tiene otras dos causas abiertas: una por solicitar dinero a un banco para organizar unos cursos en Nueva York y otra por ordenar escuchas de conversaciones entre abogados y sus defendidos mientras estos están en prisión algo que, señaló, sólo permite la Ley en casos de terrorismo.
