Acumula esta investigación a la que ya se tramita contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación
MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha acordado la admisión de la querella interpuesta el pasado 1 de septiembre por Falange Española y de las JONS contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que este partido acusa de prevaricar en relación con la causa que abrió por la desaparición de miles de personas tras la Guerra Civil.
En un auto notificado hoy, aunque con fecha de 15 de diciembre, el alto tribunal señala que el contenido de esta querella es "en todo punto coincidente" con las previamente presentadas y admitidas a trámite contra este mismo magistrado los pasados 26 de mayo (querella del sindicato Manos Limpias ) y 15 de junio ( la asociación Libertad e Identidad), por lo que acuerda la acumulación de esta última iniciativa al procedimiento en curso, del que Falange será una más de las partes acusadoras.
La decisión, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, delega en el instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, la decisión sobre la fijación de la fianza que debe imponerse a Falange para poder seguir en la causa y sobre si éste partido debe ejercer su acusación bajo una misma postulación y defensa letrada que las otras dos partes.
EN CONTRA DEL FISCAL.
La Sala, que completan los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Miguel Colmenero, ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que desde el principio se ha mostrado contraria a la admisión de todas estas iniciativas contra el juez de la Audiencia Nacional, por entender que no existen indicios suficientes de la comisión del hecho delictivo atribuido a Garzón (dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas).
Por el momento, la causa contra Garzón por su investigación de las fosas de la Guerra Civil se encuentra pendiente de que el instructor de este procedimiento, Luciano Varela, decida, tras haber concluido la realización de diversas pruebas, si finalmente procede contra el juez o archiva la causa. En el primero de los casos, el procesamiento de Garzón obligaría al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a debatir si debe ser suspendido en sus funciones de forma cautelar.
El pasado 9 septiembre, Garzón defendió ante el instructor de la causa su compentencia para investigar las fosas del franquismo y negó firmemente haber incurrido en prevaricación alguna. Además, el magistrado se negó a contestar a la batería de 150 preguntas que llevó preparadas el abogado de las dos acusaciones hasta entonces admitidas, Jaime Alonso, y tan sólo atendió a las cuestiones planteadas por el instructor, el fiscal Luis Navajas y su propia defensa.
