Cree "sin lugar a dudas" que España puede ser sancionada por incumplir tratados internacionales
MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El exjuez Baltasar Garzón ha animado a los magistrados de la Audiencia Nacional a mantener abiertos sus casos abiertos bajo el principio de la justicia universal hasta que no se dirima sobre la constitucionalidad de la reforma y ha apostado por examinar "el Código Penal" para los diputados y senadores que la sacaron adelante.
En los pasillos del Congreso, antes de participar en unas jornadas sobre justicia universal organizadas por la Izquierda Plural (UIU-ICV-CHA), Garzón ha destacado que España puede ser sancionada "sin lugar a dudas" por contravenir de esta manera los tratados internacionales que ha ratificado. "Fuera de España esto es un escándalo", ha remachado.
El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional ha subrayado que no mantiene esta actitud por "animadversión" al Gobierno del Partido Popular, sino que sería igualmente crítico contra el Ejecutivo de cualquier signo. A su juicio, tendrían que tener "temor" los diputados y senadores que han aprobado una reforma que "usurpa el Poder Judicial".
"Hay que empezar a mirar algunas definiciones en el Código Penal porque ordenar el sobreseimiento de una causa me parece de una gravedad inusitada porque es competencia de los jueces", ha enfatizado el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, para destacar que los jueces tienen la obligación de "no acatar las leyes inconstitucionales".
"Esto es lo que ha hecho el juez Pedraz y es lo que tienen que hacer los demás hasta que no se resuelvan estas cuestiones que están pendientes sobre una ley exorbitante y claramente contraria a los tratados internacionales ratificados por España", ha señalado, para exponer que estos tratados tienen un cauce preceptivo para modificarse y que no se pueden saltar por "muchos intereses políticos o económicos que haya".
Para Garzón, supone una "aberración jurídica" que los legisladores ordenen el archivo retroactivo de las causas abiertas de manera contraria a los Convenios contra la tortura, el genocidio o las desapariciones. Y espera que los Comités que velan por su cumplimiento emitan una "condena contra España".
