MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a otras doce personas en la causa en la que investiga la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Pretoria' y les ha citado a declarar en su juzgado a partir de este jueves, según informaron el miércoles fuentes jurídicas.
Entre los nuevos imputados se encuentra el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Antoni Jiménez (PSC), según indicaron las citadas fuentes, que añadieron que uno de los nuevos implicados se encuentra actualmente fuera de España, por lo que el juez cursará una comisión rogatoria para tomarle declaración.
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que permanecía en prisión desde el pasado día 30 de octubre.
Con estas nuevas imputaciones asciende a 21 el número de implicados en este procedimiento, de los cuales cuatro se encuentran en prisión: el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; y el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. El juez investiga las operaciones urbanísticas desarrolladas en Sant Andreu de Llavaneres, Santa Coloma de Gramenet y Badalona, que dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por las actividades de la trama.
El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado viernes el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, le solicitara su imputación en respuesta a un requerimiento que le dirigió Garzón "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos". Según las citadas fuentes jurídicas, los imputados son, en su mayoría, empresarios y altos cargos municipales de ayuntamientos catalanes.
CARGOS INVESTIGADOS
En el auto que Garzón dictó el pasado 30 de octubre para enviar a prisión a cinco de los nueve primeros imputados, aparecían cargos públicos y empresarios que, aunque no fueron imputados formalmente, podrían haber tenido relación con las presuntas actividades ilícitas desarrolladas por la trama.
Entre ellos se encuentra Antoni Jiménez, que era concejal de Urbanismo en Sant Andreu de Llavaneres cuando se desarrolló la 'Operación Niesma', que dejó un agujero en este ayuntamiento de 17,6 millones de euros. Garzón también citaba está el gerente del Instituto Catalán del Suelo, Emilio Mas Margarit, al que se atribuían unas conversaciones con Muñoz, Dobarco y el ex director de Servicios Municipales Pasqual Vela sobre la emisión de unas facturas con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos.
El juez también incluía en su resolución a Genís Carbó, ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat y coordinador en 2002 del plan territorial metropolitano de Barcelona. Según el auto, la sociedad GCB Assessorament Urbanistic i Proyectes S.L., propiedad de Carbó, percibió 244.011 euros en la 'Operación Niesma'.
En esta misma actuación urbanística aparecen relacionados Manuel Valera Navarro y Francisco Alejandro Pretus Labayen, administradores solidarios de la sociedad Niesma Corporació junto al presunto cerebro de la trama, Luis García.
En la 'Operación Pallaresa' de Santa Coloma, que dejó un agujero en las arcas municipales de 13 millones de euros, aparece el nombre del funcionario Lluis Falcó, que trasladó a los adjudicatarios del proyecto Centre Comercial Gramenet la inviabilidad de desarrollar este proyecto en ese momento.
Con la tercera operación investigada por el juez, que tuvo lugar en Badalona con un coste de 14 millones, está vinculado el consejero delegado de las empresas Marina de Badalona y IBBW S.L., Juan Felipe Ruiz Sabido. Cuando se produjo la operación, la segunda sociedad pagó a Kundry Blau Inversiones 2,55 millones de euros en concepto de rescisión de un contrato de gestión de la que una empresa de Luis García resultó la principal beneficiaria.
DENUNCIAS VECINALES
Además, el ex alcalde de Sant Andreu Víctor Ros (PP) fue acusado por la Plataforma SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Barcelona por favorecer a dos de sus primos con una reforma urbanística vinculada a la trama. También es investigado por un juzado de Mataró por otros dos convenios urbanísticos polémicos firmados con la constructora Proinosa, cuyo presidente, Josep Singla, está imputado en la causa.
En el auto también aparecen el cuñado de Luis García, Wenceslao Manzanares; Jeff Schroeder, Luis Renau y Manuel Grandes, titulares de empresas que en 2003 recibieron pagos de la trama.
Según el magistrado, siete de los nueve imputados formaban "un grupo organizado de personas" que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García. La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán".
