MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La diputada socialista chilena e hija del ex presidente Salvador Allende, Isabel Allende, mantuvo hoy una reunión de carácter privado con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien le confirmó que, tras la muerte de Augusto Pinochet, el Juzgado Central de Instrucción número 5 seguirá investigando a la esposa y al secretario personal del ex dictador por la supuesta apropiación indebida de cerca de 30 millones de dólares depositados en el Banco Riggs, en Estados Unidos.
Así lo señaló la propia Allende a las puertas de la Audiencia Nacional, donde calificó de "estupendo" el encuentro. Indicó que gracias al abogado de la acusación en el 'caso Pinochet' Joan Garcés y, sobre todo, al juez Garzón, "la humanidad ha dado un paso muy importante".
Según Allende, tras la detención del ex dictador chileno en Londres por orden del magistrado de la Audiencia Nacional "hubo mucha más toma de conciencia de que los crímenes más graves no pueden quedar impunes".
No obstante, Allende lamentó que en su país, y hasta la muerte del ex dictador, primaran los argumentos de su defensa, que decían que Pinochet sufría una demencia senil que le impedía ser juzgado, "cuando hace un año y medio daba entrevistas a medios norteamericanos, compraba libros en librerías antiguas y se paseaba por restaurantes".
La diputada dijo que lo que le ha "tranquilizado" mucho de su conversación con Garzón es que el magistrado le haya asegurado que los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional, a instancias de las víctimas de la represión pinochetista, "deben continuar".
La responsabilidad penal inmediata de Pinochet debe sobreseerse, según explicó Allende, "pero obviamente él no era el que ejecutaba y por ello, hacia abajo, tenía que tener cómplices que cumplían las órdenes para que se cometieran los asesinatos".
CAUSA CONTRA HIRIAT
Sobre el Banco Riggs, Allende señaló que el procedimiento continuará contra la viuda de Pinochet, Lucía Hiriat, y contra su secretario personal. "Así como en Chile nos ha dolido que no se pudiera llegar a una sentencia condenatoria (contra Pinochet), espero que la justicia chilena y el juez Garzón, desde aquí, continúen con sus procedimientos".
A su juicio, sería "incomprensible que todo quedara en nada, y que la familia de Pinochet terminara con 30 millones de dólares que constituyen, claramente, un saqueo al patrimonio nacional chileno".
Allende señaló que "casi resulta irónico" que la propia detención de Pinochet en Londres y su posterior entrega a Chile desembocara en un cambio de postura por parte de los tribunales en el país sudamericano, "que tenían que demostrar que era posible, teóricamente, hacer justicia en Chile".
A raíz de todo ello, recordó la diputada, Pinochet perdió su fuero, se abrieron contra él y sus presuntos cómplices unas 300 causas judiciales. "Obviamente los tribunales chilenos establecieron que existían serias presunciones contra Pinochet, aunque nunca se llegó a una sentencia condenatoria, lo lamento en nombre de las víctimas, por los familiares, por nosotros y por el propio Estado de Derecho".
