MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó hoy, a instancias de la fiscal Dolores Delgado, el ingreso en prisión incondicional de Gorka Velasco, Koldo Moreno, Xabier Fernández de Gamarra, detenidos en Álava y a quienes considera responsables de más de 40 actos de violencia callejera cometidos en esta provincial durante los últimos tres años, informaron fuentes jurídicas. El cuarto detenido, Urko Arroyo, ha quedado en libertad aunque deberá comparecer quincenalmente ante las autoridades judiciales.
Tras tomar declaración a estos cuatro jóvenes, el juez Garzón dictó órdenes de busca y captura para otras dos personas, a las que relaciona con los mismos hechos. Se trata de Federico Loma Pérez de Obano e Iván Peña Balanzategi.
Koldo Moreno compareció ante Garzón pasadas las dos de esta tarde, mientras que los otros tres detenidos no fueron conducidos hasta el despacho del juez hasta pasadas las seis, informaron las mismas fuentes.
Según fuentes de la defensa, se trata de la primera ocasión en la que se han aplicado a presos relacionados con el terrorismo de ETA algunos puntos de un protocolo de actuación policial con detenidos en situación de incomunicación promovido por Garzón que ha permitido, por ejemplo, que los jóvenes hayan sido visitados por un médico de su confianza y que sus familiares hayan sido informados en todo momento de su paradero.
Según el médico de las familias, los detenidos no presentaban signos de haber sido maltratados y se encontraban en buena situación, según las mismas fuentes. Momentos antes de que comenzarán sus declaraciones les fue levantada la incomunicación, por lo que su declaración ante Garzón la realizaron con los abogados de su confianza.
La Policía acusa a los cuatro jóvenes de formar el "núcleo dinamizador" de la 'kale borroka' en Alava y de estar vinculados a la organización terrorista ETA a través de la organización juvenil SEGI, cuyas actividades fueron declaradas ilícitas por el propio Garzón.
Entre los hechos que se les imputan está a quema de vehículos y el lanzamiento de cócteles molotov contra la Subdelegación del Gobierno, cajeros de diversas entidades bancarias, así como otros edificios y establecimientos.
La operación policial, a instancias del Juzgado Central de Instrucción número 5, consistió en la detención de los cuatro imputados y los registros de sus domicilios, donde se intervinieron diversos artefactos incendiarios, material para la fabricación de otros, propaganda y documentación de la organización SEGI.
El pasado 13 de diciembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó un auto en el que ordenaba la grabación permanentemente a todos los detenidos por terrorismo, así como otras medidas encaminadas a garantizar sus derechos y a evitar la interposición de denuncias por malos tratos, como el permitirles ser visitados por médicos de su designación.
DERECHOS DE LOS DETENIDOS
Estas medidas -excepto la grabación, que Interior dijo que no podía realizarse por falta de medios- fue aplicada en primer lugar a once personas detenidas en Ceuta que pasaron a declarar ante el magistrado por su presunta vinculación con la organización terrorista Al Qaeda. El protocolo no no se había aplicado hasta hoy a personas detenidas por su relación con el terrorismo de ETA.
Según el auto dictado por Garzón el pasado mes de diciembre, el paradero de los detenidos debe ser conocido por sus familiares en todo momento, y éstos podrán ser reconocidos por médicos de su elección sin perjuicio del trabajo que seguirán realizando los forenses de la Audiencia Nacional.
Se trata de una medida calificada de pionera en España y basada en varios tratados internacionales, si bien e la Ertzaintza la lleva poniendo en marcha desde hace tiempo para evitar las denuncias por malos tratos que suelen interponer los detenidos por su relación con ETA.
