MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón será el encargado de estudiar la denuncia presentada ayer por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en la que se solicita que se investigue la desaparición de unas 30.000 personas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco, informaron fuentes jurídicas.
La denuncia ha ido a parar al Juzgado Central de Instrucción número 5 por orden de reparto. La mencionadas fuentes señalaron que Garzón aún tiene que examinar inicialmente la denuncia y, salvo que la rechace de plano, solicitará a la Fiscalía que emita un informe sobre su admisión a trámite.
El abogado de las familias denunciantes, Fernando Magán, explicó ayer que presentó su escrito ante el juzgado de Garzón porque éste se encuentra de guardia, si bien tiene esperanza en que el juez "aplique criterios flexibles, sea sensible" y tramite esta causa, al igual que ha hecho en el caso de otras desapariciones, como las producidas durante las dictaduras argentina y chilena.
El letrado también señaló que la mayoría de las desapariciones se produjeron durante los meses inmediatamente posteriores a julio de 1936 aunque, a efectos legales, pide que se investigue el efecto del bando de guerra que propició las víctimas, y que tuvo vigencia entre ese año y 1948.
La denuncia incluye diversa documentación procedente de fuentes historiográficas y de medios de prensa de la época, si bien los denunciantes pretenden que la justicia llegué allí a donde ellos no pueden en la averiguación de los hechos debido a su escasez de medios. "Queremos que se investiguen las desapariciones y que se proporcione una reparación adecuada a las familias", aseguró.
CASOS DOCUMENTADOS.
Entre la citada documentación, la denuncia de la asociación incluye un listado de 700 desaparecidos sólo en Cataluña perfectamente documentados. Según Magán, de las cerca de 30.000 desapariciones que estiman que se produjeron, por el momento se han recuperado unos 900 cadáveres.
El letrado comentó que, bajo su punto de vista, este asunto no está teniendo la acogida que merece ni siquiera en la conocida como Ley de Memoria Histórica cuya tramitación fue discutida ayer en el Congreso de los Diputados. Según los familiares, la normativa debería incluir medidas de investigación de los desaparecidos y reparación para sus familiares conforme a la normativa internacional.
El presidente de la Asociación, Manel Perona, señáló que "buscar culpables es inútil, pero queremos saber donde están los familiares, de qué murieron y en qué circunstancias. No queremos venganza".
