MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón podría inhibirse de la causa sobre la denominada 'Operación Gürtel' en favor de tres tribunales de justicia diferentes, que son los que tendrían que investigar si cargos aforados del PP tienen responsabilidad penal en la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que investiga el instructor.
En una providencia dictada hoy antes de ingresar en un hospital madrileño para ser atendido de una crisis de ansiedad, Garzón libra un oficio con carácter urgente al Servicio de Reprografía de la Audiencia Nacional para que pongan a su disposición tres copias de las actuaciones, al objeto de "resolver lo oportuno sobre la inhibición".
El magistrado, que alza parcialmente con esta decisión el secreto del sumario, podría remitir las dos primeras copias a los Tribunales Superior de Justicia de Madrid y Valencia en el caso de que hubiera hallado indicios sobre actividades delictivas por parte de diputados autonómicos o miembros de los Gobiernos de estas dos regiones
Según fuentes jurídicas, la tercera copia también será remitida a un tribunal de justicia, que se correspondería con el Supremo en el caso de que los afectados fueran diputados o senadores, o con el Tribunal Superior de Justicia de otra comunidad de afectar a parlamentarios o miembros de los Ejecutivos de esa región.
DOS OFICIOS DE ANTICORRUPCIÓN
En su resolución, Garzón señala que adoptará una decisión sobre su posible inhibición de la causa cuando la Fiscalía Anticorrupción de cumplimiento a los dos oficios sobre aforados que le remitió los pasados días 18 y 19 de febrero.
A este respecto, el juez anticipó el pasado viernes que rechazaba la personación del Partido Popular (PP) en la causa, al considerar que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".
En ese auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 avanzaba que se inhibiría de esta investigación "una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".
En la causa, en la que se encuentran imputadas 37 personas, Garzón investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.
