MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha acordado hoy inhibirse en la pieza en la que el pasado viernes imputó un delito de falsedad en documento público a tres peritos que participaron en la elaboración de un informe que obra en el sumario abierto por los atentados del 11-M, y ha remitido todas las actuaciones al juez decano de Instrucción de Madrid, para que éste decida el órgano judicial que proseguirá la investigación de los hechos. En un segundo auto, el magistrado exculpa a los superiores de los peritos, contra quienes se dirigía la querella presentada por la Plataforma España y Libertad que originó estas diligencias.
En el informe pericial investigado, sobre el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los procesados por la masacre, Hassan el Haski, se incluía un dato sobre la existencia de la misma sustancia en un piso franco de ETA en 2001.
En el primero de los autos dictados esta noche, el juez alza parcialmente el secreto que pesaba sobre sus actuaciones y añade que continuará investigando a El Haski "hasta tanto concluyan las diligencias solicitadas en relación al empleo y utilización del ácido bórico". Garzón mantiene imputado a El Haski en el sumario que abrió a raíz de los atentados perpetrados por terroristas islamistas contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos), en 2003.
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado remitir las declaraciones de los peritos (Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique) a la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, en cumplimiento del principio de auxilio judicial. Esta juez ha citado para mañana a los dos primeros, en calidad de testigos, para investigar su actuación en relación con el informe pericial sobre el ácido bórico.
EXONERA A SUPERIORES
En el auto referido a la querella de España y Libertad, Garzón afirma que "queda claramente acreditada la ausencia de indicios de criminalidad respecto de las personas denunciadas", que son el ex comisario de Información Telesforo Rubio; el jefe de Analítica de la Policía Judicial, Francisco Ramírez; el Comisario General de Policía Científica, Miguel Ángel Santano y el Jefe de Análisis de este departamento, José Andradas.
"Así tras las declaraciones de los señores Ramírez y Andradas no se aprecia dolo en la conducta desarrollada por cada uno de ellos; la cual se enmarca en el ámbito de las propias competencias respecto de un documento que no alcanzó carácter oficial y que fue rechazado antes de que tuviera virtualidad oficial y por tanto jurídica, según la propia normativa de la Comisaría General de Policía Científica y los controles de calidad de la misma", afirma Garzón.
Añade que Santano "estaba de vacaciones en esa época y sólo tuvo conocimiento referencial de lo acontecido a través del secreto sumarial", y que Rubio "no aparece en ningún momento referenciado en estos hechos y no existe indicio alguno que le relacione con los mismos". Por ello, rechaza de plano la denuncia formulada por la coordinadora de España y Libertad, Yolanda Couceiro.
Garzón ha actuado a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que esta tarde le remitió un escrito estimando que, "en atención a los nuevos hechos surgidos en las declaraciones" de López Cid, Manrique y Escribano" del pasado viernes, "procede la inhibición a favor del juez decano de Madrid, a fin de que los turne a quien corresponda". Los dos autos de Garzón fueron notificadas momentos antes de las nueve y media de la noche.
ACTUACIÓN URGENTE
En los fundamentos jurídicos del segundo de los autos, Garzón señala que hasta hoy ha practicado las "diligencias mínimas e imprescindibles" para asegurar el objeto de la causa. "El principio de seguridad jurídica y el de conservación de los actos procesales impone esta actuación y, dado que se trata de un caso en el que se precisaba actuar urgentemente no cabía otra alternativa diferente", dice. Debe ser el juez a quien corresponda ahora el caso el que continúe la práctica de diligencias que considere oportunas.
En otro de los puntos de su escrito, Garzón señala que "debe quedar constancia" de que su Juzgado concluyó sus diligencias "en el plazo de cinco días, de los cuales dos han sido sábado y domingo y dos más han sido empleados en una licencia por estudios concedida al titular por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en principio, para seis". Por todo ello, Garzón destaca la "celeridad máxima" empleada por su Juzgado en concluir sus averiguaciones sobre la presunta falsificación y su relación con el "caso Casablanca".
Finalmente, "y a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 35 tiene incoadas diligencias previas por falsificación contra determinadas personas que no han sido de imputación aquí, ni respecto de los cuales han aparecido indicios de criminalidad" -que son los superiores de los peritos antes citados- "se considera que, al tratarse de un hecho nuevo, la competencia debe ser decidida por quien legalmente le corresponde, es decir, el magistrado juez-decano de los jueces de Instrucción de Madrid, quien actuará conforme a Derecho".
