BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno catalán reclama que, en la próxima legislatura, la política autonómica y las cuestiones relativas a las relaciones con las comunidades sean responsabilidad directa de una Vicepresidencia del Gobierno central, al entender que eso haría más operativas las negociaciones para el despliegue del Estatut, según explicaron fuentes del Govern.
La Generalitat considera así que debería institucionalizarse dentro del organigrama del Ejecutivo central una situación que hoy es una realidad 'de facto', dado que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ya asume a menudo la función de autorizar o no, e incluso desencallar negociaciones competenciales.
Desde la Conselleria de Relaciones Institucionales, responsable de estas cuestiones, se considera que otorgar a la Vicepresidencia de forma oficial la última palabra en las cuestiones territoriales facilitaría las negociaciones, en una legislatura que se prevé que sea la del despliegue del Estatut.
El Ministerio de Administraciones Públicas es hoy el responsable de estas políticas y, como tal, el que preside la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, en la que se negocian y acuerdan los distintos traspasos competenciales al Gobierno catalán en virtud del Estatut.
Sin embargo, el hecho de que no tenga autoridad sobre el resto de ministerios choca con las reticencias que algunos estamentos de la administración plantean a la hora de aplicar los acuerdos alcanzados en el seno de esta comisión.
Aun así, la Conselleria de Relaciones Institucionales señala que la asignación a la vicepresidencia de la responsabilidad en materia autonómica no tiene por qué modificar el organigrama en la parte estatal de la Comisión Bilateral, que podría seguir estando presidida por el Ministerio de Administraciones Públicas.
La experiencia del primer año del despliegue ha constatado que el Gobierno central no ha asumido aún el nuevo reparto de poder que se aprobó con el Estatut d'Autonomia de 2006, señalaron las mismas fuentes. A este problema general, se le añade la inercia de algunos sectores funcionariales de los ministerios que se resisten a ceder competencias.
Por ello, poner el proceso bajo las órdenes de directas de uno de los máximos responsables del Gobierno podría agilizar los acuerdos en una negociación que en los últimos meses se ha revelado como complicada, especialmente en traspasos como el de Cercanías de Renfe, en el que fue imposible cerrar un acuerdo en la última reunión Bilateral en enero, pese al compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
