Generalitat catalana requiere al Gobierno central por la "inconstitucionalidad" de la lotería instantánea de la ONCE

Actualizado: martes, 17 enero 2006 20:02

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha acordado formular un requerimiento de incompetencia ante el Gobierno central contra el Real Decreto por el que se autoriza a la ONCE a explotar una lotería instantánea o presorteada. El Ejecutivo catalán considera que esta explotación puede provocar una "perturbación competencial y disminución de ingresos a la Generalitat", como administración competente en exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas.

El Estado explota diversos juegos y apuestas de ámbito estatal con el aval del Tribunal Constitucional, y ha considerado en reiteradas sentencias que esta actividad no vulnera la competencia de la Generalitat porque su explotación forma parte de la competencia que la Constitución reserva al Estado en materia de Hacienda general.

Además, en una sentencia de 1998 el Constitucional también consideró que el Estado, en ejercicio de esa misma competencia, podría autorizar la explotación a la ONCE de un juego de ámbito estatal.

En el Real Decreto 1336/2005, el Estado autoriza a la ONCE a explotar una lotería instantánea, que según la Generalitat, "sin duda supondrá una disminución de la recaudación que la Generalitat obtiene actualmente de la 'Loto Ràpid', que explota directamente en ejercicio de su propia competencia en materia de juego".

En 1999, la Generalitat ya planteó un conflicto positivo de competencias frente al Gobierno del Estado en el que se ponía de manifiesto la perturbación que provocaba en la competencia autonómica la explotación por parte del Estado de una lotería equivalente. Al mismo tiempo, reclamaba la compensación de los ingresos que la hacienda de la Generalitat dejaría de recibir por la disminución de ventas de su propia lotería.

El Estado no llegó a poner en marcha esta lotería instantánea y el conflicto hoy se encuentra todavía pendiente de sentencia del TC. Según la Generalitat, la autorización a la ONCE produciría "la misma perturbación competencial y disminución de ingresos a la Generalitat", por lo que en caso de no ser aceptado el requerimiento de incompetencia acudirá al Tribunal Constitucional.