Un empresario y un empleado de la Generalitat dicen que el director de Difusión ordenó no pagar por que la Fiscalía investigaba
MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat frenó pagos de facturas que se habían generado para la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre tras la investigación judicial que se había iniciado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso Europa Press y que han sido prestadas por varios testigos ante el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, entre los que está el empresario que realizó uno de los anuncios publicitarios y un empleado de la Generalitat.
Según los informes de la Guardia Civil, otra empresa que ha trabajado para el 1-O ha intentado cobrar otra factura por 238.965,37 millones de euros, al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat. En este caso se trataría de la empresa Unipost, quien ha pasado al cobro una de las cinco facturas generadas por los envíos electorales del referéndum ilegal.
Según explicó en el Juzgado el administrador de la empresa Estudio Dada de diseño y comunicación, que realizó el vídeo del 1-O para los catalanes en el exterior, David Maciá, el director general de Difusión de la Generalitat, Ignasi Genovés, que depende de la Consejería de Presidencia, le envió un correo en el que le explicaba que su factura no se podía pagar y aludía a la investigación judicial del caso.
La citada factura ascendía a casi 9.000 euros sin contar impuestos y fue generada, según Maciá, en abril del año pasado, ya que el trabajo se lo encargó la Generalitat de Cataluña en marzo. El autor del vídeo expuso ante el juez que había contactado una primera vez para cobrar la factura con Jaume Mestre, encargado de difusión institucional, "su único interlocutor" hasta el momento.
Sin embargo, explicó que meses después le llegó un correo de Ignasi Genovés en el que le decía que la citada factura no se podía pagar. Precisó que le explicaron que la factura estaba retenida porque había unas diligencias judiciales. "Entendí que hasta que de alguna forma no terminara el proceso judicial la factura estaba retenida", reconoció Maciá, quien recalcó que esta estaba "ahí, presentada, con sus impuestos pagados en su fecha y pendiente de que podamos cobrarla cuando sea posible".
"ESO NO SE PUEDE PAGAR"
El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer también citó a declarar a Jaume Mestre, quien corroboró la declaración anterior, al asegurar que el director General de Difusión de la Generalitat, Ignasi Genovés, les dijo que ese trabajo no se podía pagar.
"No se pagó nada. Porque el director general, Genovés, vino y dijo: no se puede pagar esto", expuso ante el juez, según la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press.
Añadió que su jefe les había dicho que "la Fiscalía estaba investigando", aunque señaló que no recordaba la fecha en la que se les dio esa orden. "No se más", añadió para acto seguido apostillar que no recordaba que la empresa reclamara el pago de la factura.
Según Jaume Mestre, la citada campaña publicitaria la encargó Ana Molas, encargada de prensa del Departamento de Exteriores y tras contactar con tres empresas, se decidieron por Estudio Dada porque les realizó el presupuestos más ajustado.
Precisó que el objetivo de la publicidad era el registro de los catalanes en el exterior y señaló que se les daba tarjeta sanitaria y carnet joven si se apuntaban al registro y que otro de los puntos de la campaña era para decidir sobre el futuro de Cataluña. Recuerda que él tuvo intervención en el diseño pero que era Genovés el que decidía si se hacía o no la campaña.
