BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu de la Generalitat acordó hoy plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto positivo de competencia por la orden del Gobierno de noviembre de 2005 que establecía las bases reguladoras y convocaba para ese año subvenciones a municipios para desarrollar programas innovadores sobre integración de inmigrantes.
La Generalitat defiende que tiene competencia exclusiva en asistencia social y que la Constitución no reserva al Estado ninguna competencia en este ámbito. Además, constata que una sentencia del TC estableció en 1992 una doctrina general de subvenciones y determinó que el Estado no tiene poder de subvención al margen del sistema de distribución de competencias.
Según el Ejecutivo catalán, en las materias con competencias autonómicas exclusivas, el Estado puede dotar presupuestariamente subvenciones y determinar su destino genéricamente, por sectores o subsectores enteros de actividad, pero debe territorializar la dotación por comunidades, con criterios de reparto objetivos y consensuados, y transmitir el dinero a las autonomías, para que cada una regule la normativa de subvenciones y las reparta.
La Generalitat constató hoy que ya formuló a finales del año pasado un requerimiento de incompetencia al Gobierno central, pero fue rechazado al considerarse que el Estado puede conceder directamente a los entes locales catalanes este tipo de subvenciones sin la intermediación de la Generalitat.
