MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La defensa de la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, pidió hoy su absolución y afirmó que el "principal" problema de su defendida es "que se llama Pilar Giménez Reyna" un hecho que "no sirve" para sostener la acusación contra ella.
El abogado Agustín Tornos insistió en que su relación fraternal con el ex secretario de Estado de Economía y Hacienda, Enrique Giménez Reyna, que dimitió a raíz del escándalo financiero tras 16 meses en el cargo, supuso un problema "del que derivaron todos los demás".
Durante su exposición del informe final de conclusiones, Tornos explicó que si no se hubiera dado dicha circunstancia familiar el interés mediático del caso habría durado "tres días", el Congreso de los Diputados "no habría convocado" una comisión de investigación ni la Audiencia Nacional habría pedido prisión condicional para Giménez Reyna cuatro meses despúes de la intervención de Gescartera del 14 de junio de 2001. La acusada estuvo seis meses en prisión preventiva por riego de fuga y destrucción de pruebas.
El letrado, parafraseando a José Ortega y Gasset, afirmó que el fiscal de la causa, Vicente González Mota, actuó como "el fiscal y sus circunstancias de la Fiscalía Anticorrupción". En la misma línea, apuntó que como "los auténticos sentimentales" al argumentar la acusación contra la presidenta "no puso el corazón". La Fiscalía pide ocho años de Cárcel para Giménez Reyna por apropiación indebida.
La defensa achacó al fiscal no haber absuelto a la acusada en su escrito de modificaciones presentado la semana pasada junto a la mujer de Camacho, Laura García Morey, la contable, Ángeles Leis, y a la Audiencia Nacional por enviarla a prisión cuando no lo hizo con el principal comercial también acusado, Aníbal Sardón.
Asimismo, explicó que su pretensión punitiva se apoya en "dos detalles nimios". Además de su relación familiar, la defensa trató de desmontar los argumentos de la acusación, recogida en el informe del fiscal, que se basa en la apropiación de 18.000 euros obtenidos a través de una operación intradía realizada el 11 de junio de 1998 a nombre de su marido, Ángel Malpartida de Torres, y el conocimiento que ésta tenía del destino de los fondos de los clientes por su condición de presidenta de Gescartera que habría quedado probado por las "anotaciones que hacía en su agenda", según el escrito del fiscal.
Al respecto, el abogado recordó las palabras del fiscal, así como lo expuesto por los peritos del Banco de España durante el juicio, que afirmaron que Gimémez Reyna no se había lucrado del dinero de los clientes y recordó que en un fraude de 50,2 millones de euros a la acusada "sólo" se le achacan 18.000 euros.
PAPEL FIGURATIVO.
El abogado defendió el papel "puramente figurativo" que ejerció Giménez Reyna como presidenta de Gescartera y se apoyó en el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que concluyó que realizaba "labores institucionales y comerciales". Asimismo, repasó las comparecencias como testigos de empleados de la agencia de valoresy los miembros del organismo regulador que negaron conocer a la presidenta, así como los testimonios que afirmaron que nunca se celebró ningún consejo de administración.
El letrado concluyó que la imputación de su defendida debería servir para establecer la responsabilidad jurídica de los presidentes de los consejos de administración de las empresas en caso de una actuación fraudulenta de los empleados.
"No era la única que no se enteraba de nada", afirmó, antes de referirse a la CNMV, el HSBC, la Fundación Once o la auditora Deloitte & Touch. El abogado recordó que su presidencia le costó la "carrera política" a su hermano, la "carrera militar" a su otro hermano José Giménez Reyna, así como los ahorros de varios de sus familiares y calificó a su defendida como una "víctima" en lo económico y lo personal que fue engañada por su "buena fe".
ARZOBISPADO DE VALLADOLID.
Durante la mañana, el abogado de la acusación particular del Arzobispado de Valladolid, Jesús Gómez Escolar, pidió al tribunal que mencione en su sentencia la condición como "afectado más" de la institución, así como la responsabilidad de la CNMV por "no hacer los deberes".
El letrado pidió una responsabilidad civil de 180.000 euros y acusó a los medios de comunicación de "maltrato" por meter en sus informaciones "la coletilla de la intervención de la Iglesia" en Gescartera. De esta forma, Gómez pide la restitución del "buen nombre" del Arzobispado que fue convencido por los comerciales de Gescartera de que no era un "chiringuito financiero".
El ecónomo de Valladolid, Enrique Peralta, relató durante su declaración como testigo que consiguió recuperar los cerca de 6 millones de euros, dos meses antes de la intervención, depués de advertir las dificultades por las que pasaba Gescartera y explicó cómo se enteró de que los responsables de la agencia trataron de engañar a la CNMV con documentos del Arzobispado tras acudir a declarar a la CNMV.
