MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Tres diputados británicos han presentado una moción en la Cámara de los Comunes por la que se insta al Gobierno británico y a sus socios europeos a que protesten por el "rechazo" de España a aprobar el reglamento comunitario sobre las sanciones a Corea del Norte sólo porque en él se incluye a Gibraltar como autoridad competente para vigilar la aplicación de esas restricciones.
La moción, presentada esta semana por la presidenta del Grupo de Gibraltar en el Parlamento británico, la laborista Lindsay Hoyle, el conservador David Crausby y el liberal demócrata Bob Russell, insta a la Cámara a que manifieste su "consternación" por la posibilidad de que un "pensamiento estrecho de miras" se sitúe por encima de los "esfuerzos por mejorar la paz internacional y la seguridad".
Asimismo, el texto --al que ha tenido acceso Europa Press-- urge al Gobierno británico y a sus socios europeos a que protesten por la posición del Gobierno español, que sitúa, según sus ellos, sus intereses sobre Gibraltar por encima de un "tratado tan importante" y "necesario para frenar el suministro de armas a Corea del Norte".
A finales de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores español consideró, según fuentes consultadas por Europa Press, que Reino Unido había cometido un "error" al considerar a Gibraltar "autoridad competente" para aplicar y vigilar las sanciones impuestas por la Unión Europea a Corea del Norte en noviembre pasado, por lo que se había puesto en contacto con Londres para aclarar esta cuestión.
"Nos parece que es un problema creado por error por Reino Unido", quien ha "incluido en el borrador del reglamento de sanciones una mención a Gibraltar como autoridad competente" para aplicar y vigilar las restricciones impuestas por la UE a Corea del Norte, algo que para España "no es aceptable", precisaron las mismas fuentes.
Debido a que Reino Unido es "plenamente responsable de Gibraltar, incluidas sus relaciones exteriores" --subrayaron las fuentes-- España no puede aceptar que se conceda al Peñón "ninguna apariencia de autonomía o de capacidad jurídica de actuar (...) en el ámbito internacional que diluya la responsabilidad británica".
