SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz ha acusado este miércoles al secretario general del PP-A, Antonio Sanz, de "inventar falsas corrupciones" en Andalucía en un intento de "tapar" las "agresivas políticas" del Gobierno central de Mariano Rajoy contra los trabajadores.
El juzgado de Instrucción número seis de Sevilla indaga el destino de las subvenciones concedidas con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, al sospechar que dichas ayudas fueron otorgadas mediante una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones se habría convertido en pagadora de tales subvenciones, gracias a las cuales habrían sido financiados aspectos como las supuestas prejubilaciones fraudulentas que investiga también dicha instancia judicial.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, en relación a este asunto, ha avisado este miércoles de un "tercer fondo de reptiles" correspondiente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en alusión a la denominación con la que Francisco Javier Guerrero, antaño director General de Trabajo y Seguridad Social y uno de los principales imputados en esta investigación, aludió a la mencionada partida presupuestaria 31L.
EL GOBIERNO ANDALUZ RESPONDE
Ante estas declaraciones, fuentes del Gobierno andaluz han defendido que "no hay ningún fundamento" en tales acusaciones, señalando que "el único fondo de reptiles que existe en Andalucía es aquel con el que el PP premia a quienes, como 'gusanos', manipulan y falsean información".
De esta forma, se hacía mención al director general nombrado por el Gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento hispalense para la sociedad mixta Mercasevilla, Manuel Blanco, que ha sido expedientado por la agencia pública de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por supuesta sustracción de documentación durante la etapa en la que ocupaba un cargo directivo en esta institución.
Según el Gobierno andaluz, Sanz, con acusaciones como esta y las de la empresa pública Invercaria, "haría bien en preguntar a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) sobre la idoneidad de estas actuaciones", pues el Ejecutivo autonómico "no va a permitir que el PP, para tapar sus agresivas políticas contra los trabajadores, desautorice y criminalice todas nuestras políticas de empleo y de ayudas sociolaborales".
"San tendría que dar la cara ante los trabajadores de Avantia y decirles que, según el PP, todos son unos delincuentes, igual que los cerca de 6.000 andaluces que se benefician de acciones de este tipo por parte de la Junta", señala el Ejecutivo andaluz defendiendo sus "más que justificadas" políticas sociolaborales.
"Es patético el intento del PP de ocultar los desmanes de su Gobierno inventado falsas corrupciones en Andalucía. Sanz inventa tramas al mismo ritmo que justifica a corruptos", señala el Gobierno andaluz, toda vez que el Ministerio Fiscal solicita ocho años de cárcel para el exdelegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna y diez para su antecesor, Miguel Rodríguez de Castro, ambos nombrados por gobiernos del PP.
