MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se autoriza, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), la asignación de un importe máximo de 5 millones de euros en el ejercicio 2019 para los gastos derivados de su gestión.
El FCAS está dirigido a financiar actuaciones, dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo, para promover y mejorar el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento.
Según ha explicado el Gobierno, la cartera del FCAS está constituida por 78 programas y, para realizar las funciones de evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica, es necesario contar con expertos y medios de los que carecen las Oficinas Técnicas de Cooperación y el Departamento del FCAS de la AECID.
Para ello, en la reunión del Comité Ejecutivo del FCAS celebrada el 28 de marzo se aprobó destinar un máximo de 5 millones para estas operaciones. El grueso corresponde a encargos vigentes con TRAGSATEC, por un importe máximo de 4.350.424 euros, y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Fomento, por un importe máximo de 300.000 euros. Ambas entidades aportan una especialización técnica y de ingeniería de la que AECID no dispone.
TRAGSATEC apoya, además, el seguimiento administrativo y económico de los programas facilitando la adecuación a los marcos normativos supervisados por los órganos de control como el Tribunal de Cuentas y permitiendo la agregación, sistematización y comunicación de resultados.
Además, la partida financiará otras evaluaciones y diagnósticos para reforzar programas en ejecución y gastos de consultoría para evaluaciones de sostenibilidad de proyectos ya realizados.
RECOMENDACIÓN DE LA OIT
Por otro lado, el Consejo ha aprobado un acuerdo por el que el Gobierno toma nota de la Recomendación número 205 de la OIT sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia.
La recomendación proporciona orientaciones sobre las medidas para generar empleo con el fin de la prevención, la recuperación, la paz y la resiliencia con respecto a las situaciones de crisis provocadas por los conflictos y los desastres.
El nuevo texto sustituye a la obsoleta Recomendación n 71 sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz) y se adapta a los rasgos que caracterizan las crisis contemporáneas, con especial atención a la problemática de los flujos migratorios y de refugiados y a la perspectiva de género en relación con el impacto de las crisis.
Así, en él se amplía el concepto de crisis para englobar no solo el conflicto armado, sino también cualquier situación de violencia o de catástrofe de origen natural o humano que represente una disrupción grave del funcionamiento de la sociedad y suponga impactos humanos, materiales, económicos y ambientales.
Asimismo, se destaca especialmente la importancia de fortalecer la capacidad de las comunidades para transformarse y recuperarse de forma oportuna y eficiente mediante la restauración de sus estructuras y funciones básicas a través de la gestión de riesgos.
