MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno socialista aprovechará la reforma del Código Penal, aún en fase de anteproyecto, para introducir una serie de modificaciones que persiguen regular de una manera más "completa" los delitos relacionados con la corrupción y, en especial, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos casos.
Estos cambios penales irán en la línea de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que España ratificó el pasado mes de junio, según anuncia el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado Carles Campuzano a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press.
Así, entre las modificaciones destaca una "completa implantación" para numerosos delitos --entre ellos los de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales etc-- de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de la que pueda corresponder a las personas físicas; y el establecimiento de penas para las mismas, incluidas las monetarias.
También habrá una nueva regulación del cohecho de funcionarios públicos nacionales con fijación de penas proporcionadas y adecuadas que permitan en todos los casos la extradición; la aplicación de las figuras de cohecho a los funcionarios comunitarios y a los funcionarios nacionales de otro Estado miembro de la UE; y la adaptación del delito de corrupción de funcionario público extranjero a las exigencias del Convenio de la OCDE.
AMPLIAR LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION
Además, se producirá una incorporación en el Código Penal del delito de corrupción en el ámbito privado; se ampliará, de manera general, los plazos de prescripción de los delitos "teniendo en consecuencia proyección en los relacionados con la corrupción"; y se regulará la posibilidad de acordar el comiso no sólo en los delitos dolosos, sino también en los imprudentes, con la incorporación del denominado comiso ampliado.
En cuanto al secreto bancario y las medidas para prevenir el blanqueo de dinero, el Ejecutivo considera que con la legislación vigente están "plenamente cumplidos" los requerimientos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en estos dos aspectos, "como se ha puesto de manifiesto en el reciente examen de evaluación de España realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF)".
Finalmente, recuerda que en la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado "se ha establecido un nuevo régimen jurídico regulador de la actuación de los altos cargos, con el que, a través de la introducción de cautelas y exigencias más rigurosas, se pretende garantizar la ausencia de posibles actos de corrupción en el ejercicio de estos cargos".
