MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno calcula que sus escritos de veto para bloquear proposiciones de ley presentadas en el Congreso han evitado un gasto de casi 90.000 millones de euros, que es la cifra que a su juicio costaría poner en marcha esas iniciativas.
La Constitución otorga al Gobierno capacidad para bloquear la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que puedan alterar su política presupuestaria, ya sea por suponer un aumento de coste o por una disminución de los ingresos.
Haciendo uso de ese artículo 134.6 de la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy lleva presentados esta legislatura escritos de disconformidad a medio centenar de proposición de ley, en su mayoría de la oposición, aunque también hay casos de leyes procedentes de Parlamentos autonómicos, algunas incluso apoyadas por el PP local.
LOS DOS VETOS DESOÍDOS HAN ACABADO EN EL TC
La Mesa del Congreso, con los votos del PP y de Ciudadanos, ha dado por buenos esos vetos entendiendo que la Constitución habilita al Ejecutivo para presentarlos. Sólo ha ignorado la disconformidad de Moncloa en dos proposiciones de ley del PSOE, una para paralizar la Ley de Educación (LOMCE) y otra para equiparar las condiciones laborales de las subcontratas, y en ambos casos el Gobierno replicó presentando un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que aún está pendiente de sentencia.
Según los datos que el Gobierno ha ofrecido este lunes a la cúpula del PP, las leyes cuya tramitación se ha vetado habrían supuesto un gasto público no presupuestado de unos 89.000 millones de euros, lo que según los 'populares' justifica el bloqueo de las iniciativas.
Entre las leyes vetadas figuran iniciativas para equiparar los permisos de paternidad con los de maternidad, para cuadruplicar la cuantía de la prestación por hijo a cargo, para subir las pensiones y actualizarlas al ritmo de la inflación, para paralizar la aplicación de la LOMCE o ampliar la Ley de Memoria Histórica.
También han chocado con el 'no' del Ejecutivo por motivos presupuestarios proposiciones que perseguían suprimir tasas judiciales, atajar la pobreza energética, universalizar la asistencia sanitaria, fomentar el autoconsumo eléctrico, compensar a víctimas del amianto, o que el Estado asumiera la titularidad de la autopista de peaje AP-9.
