MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno está estudiando unir la comparecencia en el Parlamento del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para pedir autorización para iniciar el proceso de paz dialogado con la banda terrorista ETA, con el Debate del Estado de la Nación, según informaron fuentes socialistas. Precisamente esta es una de las cuestiones que se han considerado esta mañana durante la reunión de coordinación que mantiene el jefe del Ejecutivo con miembros de la dirección del PSOE, justo antes de la reunión de la Ejecutiva Federal.
Esta es una de las posibilidades que está barajando el Ejecutivo, aunque aún no tiene una decisión tomada al respecto. Esto situaría ambos debates a finales de mayo. Sin embargo, la decisión aún está pendiente de numerosos factores, entre otros, de los resultados del proceso de verificación que está llevando a cabo el Ejecutivo, de que ETA tiene verdadera intención de dejar las armas.
Además, aún falta por conocer la fecha de aprobación definitiva del Estatuto de Cataluña en el Senado, que todavía tiene que fijar la mesa de la Cámara Alta, pero que podría ser en torno al 11 de mayo o el 18, si se retrasa.
En el último debate del Estado de la Nación, en mayo pasado, fue cuando se aprobó la resolución que abre la vía a una solución dialogada si la banda terrorista deja las armas.
Los grupos parlamentarios, a excepción del PP, aprobaron este texto que dice que "a ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. Ésta es la exigencia de la ciudadanía vasca y esta es también la actitud de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados".
"Por eso --prosigue la resolución--, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje".
