La población de las islas ha pasado de 1,6 millones de habitantes en 1996 a los algo más de 2 millones de 2007
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias aseguró hoy que no está "negociando nada" con Bruselas sobre la limitación de la segunda residencia en el archipiélago, sino que se trata de "un estudio" que se abordará el próximo 14 y 15 de mayo en un foro de debate de la Comisión Europea sobre el futuro de la la estrategia europea para las siete regiones ultraperiféricas europeas y a final de mes en el Parlamento regional.
Así lo manifestó hoy la comisionada de Acción Exterior del Gobierno regional, Elsa Casas Cabello, en un acto público en la sede de Presidencia del Gobierno de en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la celebración del Día de Europa, en el que estuvo acompañada por el recién nombrado director general de Relaciones con la Unión Europea, Carlos Portugués Carrillo.
Casas reiteró que el diagnóstico sobre la situación de las islas se analizará en la Comisión Europea la próxima semana antes de en el Parlamento regional porque "no se trata de un debate político, sino que ha sido una consulta socioeconómica que irá al Parlamento a final de mes como una comunicación. No se trata de una medida que tenga que ser aprobada por el Parlamento", apostilló.
La representante regional de Acción Exterior reiteró que el Gobierno autonómico ha enviado a Europa "miles de estudios sobre sectores agrícolas, fiscales e industriales que nunca se llevan al Parlamento porque si cada vez que llevamos un estudio a Bruselas tuviese que pasar por el Parlamento lo convertiríamos todo en una negociación política y no es así", aseveró Casas.
"No he visto a nadie que diga que no quiere que se estudie" esta cuestión, que es lo que se está proponiendo desde el Gobierno canario en estos momentos, añadió Casas, que incidió en que Canarias "no está negociando nada en Bruselas" y ha comunicado al Parlamento regional "lo que se está haciendo, no porque lo tengan que aprobar".
En este sentido, resaltó que si el Ejecutivo "estuviera negociando una propuesta vinculante para Canarias, sí habría que tener el consenso de todos los grupos políticos".
PRESIÓN DEMOGRÁFICA.
Casas destacó que, a diferencia de lo que ocurre en el continente europeo, "el impacto de la población sobre el territorio, empleo y servicios públicos necesita medidas específicas y deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar las políticas comunitarias".
De hecho, la población de las islas ha pasado de 1,6 millones de habitantes en 1996 a algo más de 2 millones en 2007, aseguró la comisionada de Acción Exterior, quien indicó que el estudio realizado recoge que "parece conveniente determinar el alcance cuantitativo de la segunda residencia o vivienda secundaria" ante el incremento de la población y su presión sobre un territorio limitado como el Canarias como región ultraperiférica (RUP).
"PODRÍA ESTUDIARSE EVENTUALMENTE LA POSIBILIDAD" DE REGULARLA.
El informe que el Gobierno de Canarias presentará ante la UE asegura que en función de los resultados de este análisis "podría estudiarse eventualmente la posibilidad de regularla durante un tiempo determinado, condicionando la posibilidad de adquisición de las mismas, siguiendo algunos precedentes existentes en la Unión Europea como son el caso de Dinamarca, Finlandia o Malta y siempre que no exista discriminación entre los nacionales de los Estados miembros".
Asimismo, Casas añadió que el crecimiento intenso de la población de la última década ha generado una mayor demanda de bienes y servicios preferentes en áreas de Canarias en las que antes no se daba, lo que ha implicado nuevas e importantes exigencias de gasto en sanidad, educación, infraestructuras de transporte y sociales.
La existencia de oferta suficiente de estos servicios preferentes implica costes incrementados respecto al continente debido al fracccionamiento del territorio en islas, como puso de relieve el estudio sobre 'Los costes de la ultraperiferia en el sector público'.
Por ello, según Casas, teniendo en cuenta los mayores costes de la provisión de servicios públicos asociados a los condicionantes de la ultraperiferia, debería tenerse en cuenta este hecho a la hora de asignar recursos dirigidos a compensar los costes adicionales de ser una región ultraperiférica.
