MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha dado el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional el decreto ley de simplificación normativa aprobado por la Junta de Andalucía de manera urgente para facilitar la reactivación económica ante la crisis por el coronavirus y expone, entre otras cosas, que el Ejecutivo autonómico lo ha usado para modificar una variedad de normas sin tener para todos los casos capacidad para hacerlo, "título habilitante".
"En el Consejo de Ministros se pone de manifiesto la ausencia del presupuesto habilitante del uso del Decreto-ley", afirma el Gobierno en el acuerdo aprobado por el Consejo este martes, por el que solicita informe al Consejo de Estado sobre la posibilidad de recurrir la norma.
Entiende el Ejecutivo que el decreto modifica "multiplicidad de normas heterogéneas" por medio de una vía extraordinaria y urgente "que limita la tramitación y participación social en dicha modificación", y que en esta ocasión se ha utilizado sin que la Junta de Andalucía tenga en todos los casos "título habilitante para ello".
En cuanto al contenido de la norma, el Ejecutivo cree que el artículo 13 del decreto vulnera la competencia estatal de defensa del patrimonio cultura, artístico y monumental español contra la exportación y el expolio. Ese artículo permite determinadas actuaciones en inmuebles en el entorno de los bienes de interés cultural o en determinados tipos de esos bienes "sin la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, siempre que estas actuaciones impliquen una intervención mínima". El objetivo es eliminar "cargas innecesarias o desproporcionadas", alega la Junta.
También ve inconstitucional el Gobierno el artículo 28 del decreto, sobre telecomunicaciones, en concreto, sobre la emisión en cadena y conexión con entidades privadas no autorizadas. Se elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante. El Ejecutivo cree que vulnera legislación estatal.
Además de plantearse este recurso, el Gobierno baraja pedir al Constitucional la suspensión de las disposiciones impugnadas. Por un lado, al entender que los perjuicios que puedan producirse por su aplicación pueden ser de difícil o imposible reparación. Y, por otro lado, por su relevancia, al incidir en el ejercicio de derechos de los ciudadanos.
