MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno cree que una reforma de la Ley de de Bases del Régimen local para impedir que los representantes de partidos ilegalizados gobiernen ayuntamientos podría afectar a las corporaciones que ya están dirigidas por ANV sin que ello suponga incurrir en aplicación retroactiva de una ley, según fuentes gubernamentales que, no obstante, pidieron cautela y destacaron que todo ello deben estudiarlo los servicios jurídicos del Estado.
Las fuentes señalaron que el Ejecutivo quiere ponerse a trabajar en esta reforma cuanto antes pero advirtieron que hay muchos puntos por estudiar, entre ellos confirmar que no se incurriría en retroactividad por aplicar la ley reformada a los actuales ayuntamientos.
El Gobierno ha optado por proponer una reforma legal, que "en principio" afectará a la Ley de Bases del Régimen Local --según dijo hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega-- por considerar que es "muy difícil, si no imposible" disolver los ayuntamientos donde gobierna ANV partiendo del artículo 61 de la actual ley.
Este artículo permite la disolución de ayuntamientos cuya gestión sea "dañosa para los intereses generales" y "suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales" y precisa que se considerarán "gravemente dañosas" las "actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen".
COMPATIBLE CON LA DOCTRINA DEL TC
Además, las fuentes consultadas señalaron que una reforma que se limite a impedir "gobernar" a los representantes de partidos ilegalizados es compatible con la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que el acta de concejal es personal, de modo que la ilegalización de un partido no supone que sus cargos electos pierdan su condición.
No obstante, otros representantes socialistas consultados por Europa Press tienen dudas de que pueda impedirse el acceso al gobierno local a los concejales de un partido, teniendo en cuenta que el artículo 23 de la Constitución afirma que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y que hay que respetar la autonomía local de los ayuntamientos.
Estas fuentes apuntaron que otra opción sería reformar el artículo 61 de la Ley para ampliar los supuestos en que puede disolverse un ayuntamiento, por ejemplo incluyendo la negación de condenar un acto de terrorismo.
Además, la redacción actual del artículo 61 limita los motivos de disolución a actos y decisiones tomados por el ayuntamiento en su conjunto y en el caso de actuación de apoyo al terrorismo señalan que debe ser "reiterada y grave".
No obstante, las mismas fuentes, al igual que el Gobierno, señalaron que en la redacción del artículo 61 ya se intentó abarcar todo lo posible sin poner en peligro las garantías constitucionales.
