La Comisión Europea publica el primer informe sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha defendido ante la Comisión Europea el procedimiento que rige en España para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para nombrar al Fiscal General del Estado, dos órganos sobre los que llama la atención el primer informe sobre el Estado de Derecho en España adoptado este miércoles por el Ejecutivo comunitario.
El informe de Bruselas señala como desafíos para la Justicia española los retrasos en los procedimientos judiciales y la renovación pendiente del CGPJ y se hace eco de los comentarios que el Consejo de Europa, un organismo que no está relacionado con la UE, ha planteado en relación con la percepción de independencia del CGPJ y de la Fiscalía.
Para la elaboración de ese informe, la Comisión tuvo en cuenta la aportación de las autoridades españolas, un documento de 96 páginas publicado igualmente este miércoles y fechado el pasado abril. En él se afirma que "la composición del CGPJ está diseñada para evitar tanto la politización como el corporativismo" con un "equilibrio entre los miembros de extracción judicial y expertos juristas no pertenecientes a la judicatura".
"Este sistema garantiza la independencia de sus miembros", argumenta, puesto que su diseño establece garantías para desvincular en el tiempo "la coincidencia en el tiempo de la mayoría política que nombra a los miembros con el desempeño de sus funciones, como por ejemplo la duración del mandato o el régimen de renovaciones".
El documento admite, eso sí, que "la composición del CGPJ y la forma en la que se eligen sus integrantes es objeto permanente de
debate porque podría influir en el grado de su independencia". Sus veinte miembros, llamados Vocales, son elegidos por las Cortes
Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia y entre ellos se elige a su presidente, que lo es también del Tribunsal Supremo.
El Gobierno esgrime que la forma de elección de los vocales del CGPJ está diseñada para desasociarlos de las mayorías parlamentarias y políticas porque su mandato es de cinco años, mientras que el de las cortes es de cuatro, porque el órgano se renueva en su integridad pero sigue en funciones mientras no haya uno nuevo y porque la mayoría exigible es de tres quintos de las Cámaras.
Cada Cámara elige a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. El Gobierno reconoce que el modelo de elección de estos últimos también ha sido "objeto de una intensa discusión en el ámbito parlamentario español", en relación a si la elección debe ser "exclusivamente coroporativa" o mixta, como es en la actualidad, con intervención del Parlamento.
Su argumento es que "la legitimación democrática en origen de un órgano debe ser más fuerte cuantas más atribuciones de carácter política tenga asignadas". Y, en todo caso, señala que la elección de estos vocales por parte de los propios jueces fue finalmente rechazada en la reforma legal de 2018.
NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL
Respecto del sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, que es nombrado por el Gobierno y cesa con él, señala que es similar al de la mayoría de países del entorno.
Lo propone el Gobierno, una vez oído el CGPJ, la Comisión de Justicia del Congreso se pronuncia sobre su idoneidad y finalmente
el Rey procede a su nombramiento. "Por tanto --resume el documento-- intervienen en su designación los "tres poderes" del Estado
legislativo, ejecutivo y judicial".
Además, pone en valor que en 2007 se reformó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el Fiscal General solo pueda ser cesado por causas tasadas, entre las que no se incluye la pérdida de confianza por parte del Gobierno que lo nombró, "lo que evidentemente refuerza su autonomía".
En el mismo sentido menciona el procedimiento existente "para que cuando un fiscal reciba de un fiscal superior una orden o instrucción que considere ilegal o improcedente pueda manifestar su
disconformidad".
Además, entre las medidas adoptadas en los últimos años para reforzar la autonomía de la Fiscalía menciona que "desde octubre de 2018 la Fiscalía General del Estado tiene su propio encabezamiento en el Boletín Oficial del Estado, titulado 'Ministerio Fiscal' y no "Administración de Justicia".
La contribución enviada por el Gobierno a Bruselas incluye una explicación detallada de la regulación del estado de alarma, que estaba en vigor cuando se redactó el informe.
38 APORTACIONES
La Comisión Europea ha desvelado asismismo que durante la elaboración de los informes recibió contribuciones de otros actores, fundamentalmente asociaciones. En el caso de España, fueron 38 las contribuciones recibidas, pero estas no se han hecho públicas.
Entre los que enviaron aportaciones están el Consejo General de la Abogacía Española, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FeSP) o la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, así como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Omnium Cultural o la diputada de Junts Laura Borrs, según el listado de la Comisión. No obstante, en el informe final de la Comisión no se hace alusión alguna a Cataluña.
Bruselas defiende que el ejercicio de este informe tiene por objeto identificar problemas "sistémicos" en los sistemas nacionales y no evaluar casos individuales, como podría ser la causa del 'procés'. Preguntado por el juicio a los líderes independentistas, el comisario de Justicia, Dider Reynders, ha zanjado el asunto señalando que la Comisión "respeta plenamente" el orden constitucional de España y las decisiones de sus tribunales.
