Jorge Bravo fue sancionado en 2011 con un mes y diez días de arresto por participar en una manifestación de Guardias Civiles en 2007
MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno considera que el presidente de la Asociación Unificada de Militares (AUME), Jorge Bravo, al que el Ejército de Tierra abrió un expediente disciplinario tras realizar en julio unas declaraciones en las que pedía que se recortase en gastos superfluos antes que en el salario de los militares, ya debería conocer "los límites a la libertad de expresión de quienes visten uniforme", después de que en 2011 fuera sancionado por su participación en una manifestación de Guardias Civiles.
Así lo pone de manifiesto el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, a la pregunta registrada por UPyD en la que solicitaban al Gobierno información acerca del expediente abierto a Bravo y sobre las medidas que tendrían previsto adoptar para que no se vulnerase su derecho a la libertad de expresión.
"En cuanto a la posible vulneración de derechos del expedientado, el artículo 12 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece como límites a la libertad de expresión de quienes visten uniforme, además de los impuestos por la seguridad y la Defensa Nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las instituciones y poderes públicos, los derivados de la disciplina" señalan.
Asimismo, añaden que aunque será la resolución del expediente la que determine si en esta ocasión "esos límites se han trasgredido", dicho "umbral infranqueable" no debería ser desconocido por Bravo "al habérsele puesto de manifiesto en la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2011", que le sancionó por participar en la citada manifestación de Guardias Civiles.
AUME: "ATAQUE FRONTAL AL ASOCIACIONISMO"
A este respecto, el secretario general de la AUME, Mariano Casado, ha criticado que el Gobierno haga referencia a esta sentencia, ya que cuando se emitió ni siquiera estaba en vigor la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que data del mes de julio de 2011. "Han huido por el resquicio que les quedaba para no dar una respuesta seria", ha denunciado, para añadir que "si el criterio del Ministerio es imposibilitar la libertad de expresión, esa respuesta está muy bien".
"Desde la AUME entendemos que ese proceso es un ataque frontal al asociacionismo profesional, y desde luego, si se materializa, aquellos que están diciendo que estamos viviendo un retorno a las instituciones más oscuras del régimen disciplinario les vamos a tener que dar la razón", ha lamentado, en relación al expediente abierto este año al Suboficial, sobre el que el Ejército de Tierra debe todavía pronunciarse.
Por otra parte, el partido liderado por Rosa Díez también criticaba en su pregunta parlamentaria el hecho de que fuera el General de división jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército el encargado de resolver el expediente, después de haber sido él mismo el que lo incoara.
Según el Gobierno, esto "no sólo no es arbitrario, sino consustancial al ejercicio de la potestad sancionadora en el orden administrativo, donde habitualmente el órgano que ordena la apertura del procedimiento, en función de la potestad y competencia legalmente atribuida, es el que dicta resolución, salvo que por razón de la sanción que se estime procedente se encomienda su terminación a una autoridad superior".
Asimismo, el Ejecutivo aclara que los derechos del expedientado aparecen salvaguardados "por el otorgamiento de los más amplios términos del derecho de defensa" y por la posibilidad de recurrir la sanción, en ultimo caso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
Además, preguntado sobre si creen que "el descontento creado en las Fuerzas Armadas por los recortes del Ministerio se soluciona tomando represalias contra los militares, el Gobierno responde que en ningún caso la decisión de abrir expediente es una actuación arbitraria sino "severamente reglada", que exige "la previa existencia de una norma legal que defina las acciones punibles".
"Cuestionar una medida prevista legalmente y sometida a la postre a la revisión de los tribunales de justicia, supone poner en entredicho el funcionamiento mismo del Estado de Derecho", agregan.
