MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha confirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene la intención de cambiar el delito de rebelión contemplado en el Código Penal para adaptarlo a las "nuevas situaciones" y "actores".
Sánchez antes convertirse en presidente del Gobierno tras el éxito de la moción de censura defendió la necesidad de reformar la legislación para actualizar esta conducta penal al siglo XXI. Su objeto es adecuar el delito de rebelión a sucesos como los ocurridos en Cataluña en relación al denominado 'procés'.
Delgado, en respuesta a la pregunta del diputado del PP Pablo Matos en la sesión de control sobre si el Gobierno mantiene esta voluntad, se ha manifestado en la misma línea que el ahora presidente y ha recalcado la necesidad de realizar un "debate sosegado" donde se alcance el "máximo de los consensos" para afrontar las "nuevas situaciones, incluso nuevos actores" que pueden aparecer en relación al delito de rebelión.
ALZAMIENTO MILITAR Y VIOLENCIA
La ministra ha recordado que este delito tiene su origen "en una ley de 1900" y que se introdujo en el Código Penal en 1928 como traición. El tipo penal que se conoce actualmente se contempló en 1932 y hasta la actualidad se ha mantenido con unos "contornos de alzamiento militar, de golpe militar y con un elemento que es la violencia".
Por su parte, Martos, que ha destacado que Sánchez es presidente del Gobierno gracias al apoyo de los partidos independentistas presentes en el Congreso, ha aprovechado su intervención para afear el "buen rollo" que ha aparecido en los medios de comunicación del jefe del Ejecutivo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra; así como su voluntad de recuperar los artículos del Estatuto de Autonomía declarados inconstitucionales. "Me parece obsceno", ha dicho.
En este sentido, también ha señalado que no comparte el planteamiento hecho por el líder de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta, de dejar en libertad a los líderes independentistas en prisión provisional procesados por el proceso soberanista en Cataluña ni el "cambio de políticas penitenciaria con respecto a los terroristas de ETA", anunciado por el Gobierno.
