MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, pidió hoy la misma "presunción de inocencia" que el PP exige para Francisco Camps o Carlos Fabra para los imputados en el incendio de Guadalajara. Espinosa aseguró hoy que el Gobierno "siempre colaborará" con el juzgado de Sigüenza (Guadalajara), "facilitando cualquier dato" para aclarar lo sucedido en el incendio que tuvo lugar en esa provincia en julio de 2005.
Espinosa respondió así a una pregunta parlamentaria del diputado del PP José Ignacio Echániz, sobre si el Gobierno sigue considerando que fue correcta la actuación en la extinción de dicho incendio. La ministra expresó su "solidaridad y respeto" por los fallecidos y sus familiares, recalcó el compromiso del Gobierno en la colaboración con las comunidades en la "prevención y lucha contra incendios" y pidió al PP que sea "responsable y deje por una vez de utilizar a las víctimas".
Solicitó para los imputados la "misma presunción de inocencia" que los 'populares' exigen para Francisco Camps o Carlos Fabra. "Los imputados lo están por una dedicación pública. Camps y Fabra posiblemente por otros intereses que difieren bastante del interés general. El Gobierno siempre colaborará con el juzgado de Sigüenza facilitando cualquier dato", sentenció.
Según subrayó, el Gobierno "más que nunca" quiere ahora manifestar el "apoyo a todos y cada uno" de los profesionales que trabajan en la extinción y prevención de incendios. Además, recordó que la consejera autonómica de Medio Ambiente dimitió "inmediatamente" tras el incendio, y agregó que ella todavía está esperando que algún cargo del PP "con imputaciones bastante mayores en igualdad de circunstancias pueda dimitir".
También comparó datos de inversión del año pasado del Gobierno del PSOE con lo aportado por el PP en 2004 para prevención de incendios -30.000 de 2008 frente a 16.915 millones del último Gobierno del PP- y en extinción -37.000 del PP en 2004 y 65.000 del PSOE el año pasado-.
Echániz, por su parte, aseguró que sólo la muerte de los once trabajadores en aquel incendio "hizo saltar las alarmas y reaccionar a los gobiernos nacional y regional". Criticó que el Gobierno justificará lo sucedido en que "no funcionó el servidor informático" y censuró las conclusiones "prefabricadas" de la comisión de investigación.
En esta línea, denunció los "incumplimiento" del Gobierno socialista con los municipios afectados, y añadió que el plan de desarrollo de la zona "no es absolutamente nada" con el trato "vejatorio y bochornoso que el PSOE ha dado a las familias de las víctimas, que siguen sin saber la verdad de un incendio claramente evitable".
