PINTO (MADRID), 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno local de Pinto (PSOE, IU y Juntos por Pinto) aprobará hoy en Pleno llevar ante el Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid las presuntas irregularidades contables y financieras cometidas presumiblemente por el PP durante su mandato, cuestiones de las que dio cuenta el Ejecutivo municipal el pasado día 29 en sesión plenaria.
Así, el Gobierno convocó ayer por la vía de urgencia una sesión para "hacer entrega de la documentación" sobre gastos sin consignación presupuestaria y facturas sin aprobación previa para que "se asignen a tal fin para su examen y que se interpongan las acciones judiciales a que hubiera lugar para defender los intereses municipales".
Fuentes municipales informaron a Europa Press que éste es el paso previo para adoptar "los procesos judiciales que sean oportunos". En este sentido, aseguraron que las presuntas irregularidades detectadas "seguirán caminos diferentes", dependiendo de la tipología, y que, posteriormente, "se estudiará si se interpone denuncia ante los tribunales".
En el Pleno del día 29, la concejala de Hacienda, Patricia Fernández, informó de que la gestión del PP en el Gobierno local en los 18 meses que gobernó dejó gastos sin consignación presupuestaria por valor de 1.077.138 euros y facturas sin aprobación previa de 11.522 euros.
Además, el equipo de Gobierno reveló que, trece días antes de la moción de censura del 22 de diciembre que apartó de la Alcaldía a la coalición del Partido Popular y Juntos por Pinto (JpP), se produjeron hasta 522 órdenes de pago que contaron con "informes desfavorables emitidos por la Interventora o de la Tesorera".
A estos se unirían, durante 2008, otros 167 informes desfavorables de Intervención sobre unos gastos de 8,6 millones. La situación llegó a tal punto que, según la responsable de Hacienda, en los expedientes figuran dos mandamientos de pago "con reparo de ilegalidad" firmados por la anterior concejala de Hacienda a, Tamara Rabaneda.
Por otro lado, el Gobierno municipal incluye en este contexto la reclamación que hace a los ediles salientes del PP y sus cargos de confianza para que devuelvan 61.700 euros percibidos en concepto de vacaciones no disfrutadas porque, según el actual Ejecutivo estas cantidades ya estaban incluidas en el finiquito de cada miembro cuando se produjo el cese, el pasado 22 de diciembre, cuando prosperó la moción de censura.
Por su lado, el PP argumentó, durante el Pleno del pasado día 29, que las irregularidades denunciadas y los expedientes son "cuestiones procedimentales, del día a día", que el anterior Gobierno también detectó de los gestores que le precedían.
