MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha declinado responder a cuatro preguntas planteadas por la líder de UPyD, Rosa Díez, relativas a la supuesta existencia de una contabilidad paralela a la oficial en el PP, escudándose en que la investigación judicial de los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas' sigue abierta. Sin embargo, sí ha aprovechado para recalcar a la portavoz magenta que "un presidente que dice la verdad no debería ser difamado", en referencia a Mariano Rajoy.
El pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria de UPyD registró en el Congreso un total de ocho preguntas sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que, a su juicio, cuestionaba las declaraciones del presidente del Gobierno en las que negaba "tajantemente la posible existencia de financiación ilegal en el PP".
En el escrito de respuesta, que ha remitido ahora al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno deja sin contestar parte de estas cuestiones alegando que "no se pronuncia sobre aspectos concretos concernientes a sumarios judiciales abiertos".
LA REFORMA DE GÉNOVA
Entre otras cosas Díez preguntaba en qué "parte de la contabilidad oficial del PP, remitida al Tribunal de Cuentas", se reflejaban los pagos realizados al arquitecto Luis Urquijo, al que se encargó la rehabilitación de la sede nacional del PP entre 2005 y 2011 y que, según Ruz, salieron de la 'caja B', así cómo de dónde provenía el dinero con el que se pagaba Urquijo.
La líder de UPyD quería conocer, asimismo, si el Gobierno sigue manteniendo que la contabilidad paralela a la que apunta el juez "es falsa" y cómo explica que Ruz señale la "presunta existencia de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo", al margen de la cuentas oficiales.
Respecto a las preguntas de carácter más "general" planteadas por Díez, el Ejecutivo se remite "a las explicaciones cumplidas" que, según recalca, "se han ofrecido en el Parlamento en diferentes ocasiones".
Díez quería saber si Rajoy sigue sosteniendo, como afirmó cuando estaba en la oposición, que "España no se merece un Gobierno que le mienta" y si piensa "que un residente que miente debería dimitir". "En relación a sus últimas cuestiones de su señoría --especifica el Ejecutivo-- se afirma que un presidente que dice la verdad no debería ser difamado".
