MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno esgrime el carácter secreto de los encuentros con distintos mandos militares que el Rey Juan Carlos mantuvo las semanas previas al 23 de febrero de 1981, cuando tuvo lugar el frustrado golpe de Estado, para no hacer comentarios sobre esas reuniones a las que alude la periodista Pilar Urbano en su libro sobre la denominada 'Operación Armada' ideada para echar del Gobierno al entonces presidente, Adolfo Suárez.
Esta es la respuesta que dado el Ejecutivo a la pregunta planteada por el portavoz de IU-ICV-CHA en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, quien preguntó al Ejecutivo si tiene previsto desclasificar todos los "documentos, notas y grabaciones" referidas a los supuestos preparativos de ese complot contra Suárez.
En concreto, quería saber si se levantaría el secreto sobre los encuentros entre el Rey y el general Alfonso Armada en el 3 de enero de 1981, así como los celebrados entre don Juan Carlos y Suárez los días 4, 10, 22, 27 de enero y 24 de febrero y aquel que se data el 23 de enero entre el Rey, Suárez y los tenientes generales Antonio Elícegui Prieto, Merry Gordon, Milans del Bosch y Campano López.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo indica que "la calificación como secretos de los documentos oficiales viene definida por la Ley de Secretos Oficiales" (Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada en 1978) y que el Gobierno está obligado a cumplir esa norma.
¿SE INVESTIGARÁ?
Con otra de sus preguntas, Llamazares pretendía saber si el Gobierno piensa solicitar al fiscal general del Estado la apertura de una investigación sobre el papel del Rey, del antiguo CESID y de los militares Armada, Elícegui, Merry Gordon, Milans del Bosch y Campano López en la Operación Armada y, en su caso, exigir las responsabilidades que correspondan a cada uno de ellos por una tentativa de golpe de Estado.
En este caso, el Ejecutivo se limita a señalar su "escrupuloso respeto hacia los principios de legalidad e imparcialidad que presiden la institución de la Fiscalía" y, además, explica que la Audiencia Nacional ya archivó la querella que, en su momento, se presentó por las afirmaciones de Pilar Urbano al considerar que "no existen elementos mínimamente fiables y verosímiles que permitan entablar una investigación criminal".
