MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Mariano Rajoy subraya que reducir sustancialmente el número de aforados en España exigiría cambiar la Constitución, los Estatutos de Autonomías y algunas normas del Poder Judicial, lo que a su juicio no resulta "oportuno" en la actual coyuntura política.
Así responde el Ejecutivo a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien reclamaba apostar por suprimir la mayoría de aforados que hay en España al considerar que "el aforamiento es una figura jurídica que es una clara prerrogativa provoca disfunciones en los procesos judiciales y una sensación entre la ciudadanía de que la Justicia no es igual para todos".
En su contestación, recogida por Europa Press, el Gobierno no acaba de dar una cifra de aforados que hay en España pero sí precisa que la mayoría de los existentes "se deben a la estructura compleja" del Estado y que el Ejecutivo no puede modificar ese escenario unilateralmente porque, afecta, entre otros caso, a los estatutos de autonomía.
Y tampoco se pueden cambiar con una ley los aforamientos que están previstos en la Constitución y que afectan a los 350 diputados y más de 200 senadores, y los miembros del Gobierno de la Nación.
Es decir, que "si se quieren reducir los aforamientos en proporciones significativas, no queda más remedio, pues, que una reforma del marco político-jurídico con carácter general, empezando por la Constitución, siguiendo por los Estatutos de Autonomía y terminando con la Ley del Poder Judicial, ya que, "por motivos cuantitativos, esa poda tendría que afectar sobre todo" a jueces y fiscales, cuyo aforamiento ya estaba contemplado en la Constitución republicana de 1931.
Según el Gobierno, toda esa 'revolución' legislativa parece "muy poco oportuna en la actual coyuntura", y menos aún quitar la protección a los jueces y fiscales que están "a la vanguardia en la lucha contra la corrupción".
