VITORIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco solicitará al Tribunal Constitucional (TC) que levante la suspensión de la consulta que espera celebrar el 25 de octubre porque ésta "no es un referéndum que requiera de autorización estatal y no atenta contra la soberanía nacional, ni es una consulta encubierta sobre el derecho de autodeterminación". Además, estimó que el TC debe atender a su petición porque no puede "inmiscuirse" en el debate que plantea el texto y porque lo contrario supondría un "falseamiento de los resultados electorales en Euskadi".
La vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, dio a conocer hoy las alegaciones que presentará el gabinete de Juan José Ibarretxe al recurso de insconstitucionalidad contra la consulta presentado por el Gobierno central ante el TC, que se trasladarán al Alto Tribunal antes de la fecha límite del 8 de agosto habilitada para ello.
Las alegaciones constituyen "el primer paso" de las medidas jurídicas e institucionales anunciadas por el tripartito en respuesta al "atropello al autogobierno" que, a su juicio, supone el recurso del Ejecutivo central. La vicelehendakari no aclaró hoy qué otros pasos dará su Gobierno en caso de que el TC rechace sus argumentos para levantar la suspensión de la consulta.
Zenarrutzabeitia denunció que el recurso del Ejecutivo central es una iniciativa "estrictamente política, teñida de razonamientos jurídicos" y que "interpreta interesadamente la voluntad del legislativo vasco para confundir no sólo al TC, sino a la opinión pública, y hacer creer socialmente poco menos que estamos ante un referéndum de independencia, algo radicalmente falso".
Frente a este planteamiento, el Gobierno vasco "rebatirá con total naturalidad pero con total rotundidad todas y cada una de las argumentaciones" del gabinete de Rodríguez Zapatero, así como las planteadas en el recurso del PP.
"SUJETO CONSTITUYENTE"
El Ejecutivo autonómico rechazará que la iniciativa de Ibarretxe sea un "atentado a la soberanía nacional y a la unidad del Estado español". La vicelehendakari afirmó que el Gobierno argumentará que no es su intención en esta ley "ni en este momento inventarse un sujeto constituyente, sino, haciendo uso de su autonomía política, propiciar un escenario de negociación sin exclusiones de ningún tipo y dar cauce al contencioso político en clave de normalización política".
En sus alegaciones, el Gobierno vasco, procederá a "negar la naturaleza de referéndum con necesidad de autorización estatal de la consulta; negar que se haya tramitado en contra de la formación correcta de la voluntad parlamentaria y negar que la misma atente contra la soberanía nacional ni que constituya, encubiertamente, una consulta sobre del derecho de autodeterminación".
Respecto a la "naturaleza refrendataria o no de la consulta", el tripartito argumenta en sus alegaciones que "el referéndum del artículo 92 de la Constitución Española, con el que el recurso del Estado emparenta la consulta, trata sobre la ratificación o no de un acto del poder constituido". Añade que esto supone que el objeto de los referendos a los que se refiere dicho artículo "es la ratificación de una decisión previa, según su literalidad, de una decisión política".
"CONSULTIVO"
A juicio del Gobierno autonómico, el término 'consultivo' "alude a que el pronunciamiento se sitúa en algún momento del procedimiento anterior a la adopción final y definitiva de la decisión". Por ello, estima que "'consultivo' no se opone a 'vinculante', sino a 'ratificador' o 'sancionador'".
Entiende, por tanto, "que los referendos previstos en el artículo 92 CE sean consultivos supone que el pronunciamiento popular se produce en algún momento del procedimiento anterior a la adopción de la decisión, no que carezcan de cualquier tipo de vinculación jurídica o política para el órgano convocante".
Una vez realizado este análisis, el Gobierno vasco considera que "hay que afirmar con toda rotundidad que la ley del Parlamento vasco habilita una consulta que formula dos preguntas que no se hallan insertas en ningún procedimiento decisorio, ni cuestionan en su contenido acerca de una decisión previa adoptada provisoriamente por el órgano convocante en el ejercicio de sus atribuciones".
Añade que "no se plantea a la ciudadanía la sanción o ratificación de una opción política tomada, en la etimología del término, 'ad referéndum'" y que "no se trata de que 'el pueblo' exteriorice la 'voluntad general' en términos de refrendo, característica definitoria del referéndum".
"Muy al contrario", continuó la vicelehendakari, con esta iniciativa "tan sólo se pretende recabar el estado de opinión sobre dos cuestiones presentes en el debate político autonómico, sin que el resultado de la consulta en cualquiera de las dos preguntas pueda, por su propia naturaleza, vincular ni jurídica ni políticamente a nadie".
El tripartito subrayará, por tanto, ante el TC que "el carácter no referendario de la consulta excluye, en todo caso, la necesidad de obtener la previa autorización estatal prevista en el artículo 149.1.32 CE exclusivamente para aquellas consultas populares que tengan tal característica, es decir, las que se celebren por vía de referéndum".
Por otra parte, Zenarrutzabeitia negó también que el procedimiento empleado para la tramitación del texto en la Cámara vasca sea "inconstitucional". En este caso, el tripartito argumentará "la total y completa adecuación procedimental al Reglamento de la Cámara Vasca".
La 'número dos' del tripartito señaló que, "salvagurdada la titularidad de la soberanía y las atribuciones de otras instituciones, ningún fundamento constitucional excluye la posibilidad de celebrar consultas populares de ámbito autonómico".
Señaló que la segunda pregunta de la consulta, referida al acuerdo entre partidos que sería rebatido en referéndum, "ni niega ni prejuzga el procedimiento vigente para una eventual reforma del marco jurídico-político". La vicelehandakari subrayó que "lo cierto es que ni lo cita".
"REINVENTAR" LA CONSULTA
Por ese motivo, acusó al Gobierno central de "reinventar el contenido de esta segunda pregunta". "Según el recurso se pretende preguntar a la ciudadanía vasca no ya por si apoya la apertura de una negociación entre los partidos vascos, sino por si apoya un contenido ya prefijado de dicha negociación, lógicamente el contenido que al Estado le interesa fijar para así poder tachar la iniciativa como inconstitucional", explicó.
En su opinión, "lo aquí se está dirimiendo en el fondo es la viabilidad del debate de las preguntas que plantea la consulta, la viabilidad de que seamos las instituciones vascas las que hayamos promovido este debate". Zenarrutzabeitia consideró que la respuesta del TC a su petición de levantar la suspensión "ha de ser positiva porque, entre otras cosas, el no puede llegar a interferir ni a inmiscuirse en ese debate".
En caso de que no atienda a esta solicitud, advirtió de que esto supondría "convalidar el uso fraudulento que Rodríguez Zapatero ha hecho de la potestad suspensiva que la legislación, que no la Constitución, le otorga, y, por consiguiente, legitimar una pretensión absolutamente ilegítima".
También convertiría la suspensión cautelar "en una especie de estimación anticipada del fondo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno español". Asimismo, se daría "por bueno el falseamiento de los resultados electorales en Euskadi, el falseamiento de la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía vasca que subyace al recurso del Gobierno español, puesto que pretende dejar al Gobierno y al Parlamento legítimos de este país, sin un instrumento capital de su acción política", concluyó.
