22 de octubre de 2019
10 de septiembre de 2018

El Gobierno veta la tramitación en el Congreso de la ley de Ciudadanos para regenerar la Universidad

El Gobierno veta la tramitación en el Congreso de la ley de Ciudadanos para regenerar la Universidad
MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha presentado un veto en el Congreso a la tramitación de la proposición de ley de mejora de la autonomía y rendición de cuentas de la Universidad registrada por Ciudadanos, alegando que supondría un incremento del gasto de cinco millones de euros.

Según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias, el Ejecutivo ha trasladado ya a la Cámara Baja su escrito de disconformidad con la tramitación de la iniciativa que el partido naranja registró el pasado mes de mayo, tras el estallido del caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

Las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, lo que otorga al Gobierno de turno un derecho de veto sobre las propuestas de los grupos parlamentarios.

Concretamente, el artículo 134 de la Constitución establece que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas proposiciones o enmiendas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque provocan un aumento de los gastos.

LA ALTA INSPECCIÓN COSTARÍA 4,5 MILLONES

En el caso de la iniciativa de Ciudadanos, el Ejecutivo socialista calcula que la puesta en marcha de las medidas que se contienen en la misma supondrían un aumento del gasto de cinco millones de euros, el grueso de los cuales derivarían de la creación de una Alta Inspección para las universidades, que costaría unos 4,5 millones.

Los 'naranjas' querían fijar en seis meses la creación de este organismo y a dotarlo de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. El objetivo, según explicó Ciudadanos en la presentación del texto, era que se pudiera recurrir a la Alta Inspección cuando se encontrara alguna corruptela, sin implicar directamente a la Fiscalía, como ocurrió en el 'caso Cifuentes'.

La norma también buscaba mejorar "la rendición de cuentas" y "la autonomía" de la Universidad con un mayor control externo e interno de los centros, un cambio del sistema de obtención de plazas y una modificación el sistema de financiación, que querían basar en la excelencia académica.