Gobiernos central y vasco logran un acuerdo básico para transferir a Euskadi las políticas activas de empleo

Actualizado: lunes, 7 septiembre 2009 21:34

El traspaso se cerrará en las próximas semanas con un montante económico cercano a los 300 millones de euros

VITORIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos central y vasco alcanzaron hoy un acuerdo básico para la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi, con el objetivo de que el traspaso sea efectivo a partir del 1 de enero de 2010. El acuerdo definitivo se cerrará en las próximas semanas en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, y el montante económico del traspaso rondará los 300 euros, según explicó el lehendakari, Patxi López.

El presidente del Ejecutivo autonómico y el vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, dieron a conocer hoy este principio de acuerdo al término de un encuentro de la Comisión Bilateral de ambas administraciones, celebrado en Vitoria, y que contó con la presencia de destacados miembros de los gabinetes de José Luis Rodríguez Zapatero y de Patxi López.

La de hoy fue la primera reunión que celebra este órgano desde 1997. Según explicó el lehendakari, el objetivo es "reactivar" este foro con el fin de "normalizar" las relaciones entre los ejecutivos vasco y central. López confió en que la comisión contribuya a avanzar en "la culminación del desarrollo estatutario".

Ambos dirigentes coincidieron en atribuir a la actitud de los sucesivos gobiernos del PNV el hecho de que Euskadi sea la única comunidad autónoma a la que aún no se ha transferido las políticas activas de empleo.

"Hemos abandonado la política del todo o nada y la hemos sustituido por una política de colaboración; es mejor eso que encerrarnos en un aislamiento victimista", explicó el lehendakari, quien subrayó que la falta de avances en esta materia en los últimos años se debe a que los anteriores ejecutivos vascos "pedían conjuntamente las políticas activas y las pasivas, incluyendo las cuotas de las cotizaciones a la Seguridad Social", lo que "rompía la caja única".

"DESPLIEGUE ESTATUTARIO"

Chaves aseguró que desde el Gobierno central nunca se ha tratado de "dificultar el desarrollo del Estatuto de Autonomía" vasco. Por el contrario, afirmó que el Ejecutivo tiene "un compromiso firme con el despliegue del Estatuto".

Además, consideró que "lo que ha obstaculizado hasta ahora la transferencia de las políticas activas de empleo ha sido la pretensión" de traspasar también las cuotas de las cotizaciones a la Seguridad Social de los sucesivos gobiernos nacionalistas, algo que "se planteaba más como una cuestión política de diferenciación".

López explicó que ambas administraciones han alcanzado "un acuerdo básico" respecto a la transferencia de las políticas activas de empleo, con el fin de que este traspaso sea efectivo a partir del 1 de enero de 2010, tal y como anunciaron el propio lehendakari y Chaves en un primer encuentro celebrado el 21 de mayo. Dicho acuerdo básico será cerrado en una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará en las próximas semanas.

Aunque no precisó que montante económico incluirá el traspaso, indicó que éste podría rondar los 300 millones de euros. La transferencia se realizará de acuerdo a los acuerdos del Parlamento vasco sobre esta cuestión y se aplicara a través del sistema del Cupo vasco.

Por otra parte, está prevista una nueva reunión de la Comisión Bilateral para finales de año o principios de 2010. En dicho encuentro se analizará la transferencia de la Inspección de Trabajo.

En el encuentro de hoy también se acordó acelerar el traspaso de las competencias sobre profesores y sanidad en el ámbito penitenciario, cuestiones que podrían materializarse en 2010, según anunció López.

Ambas delegaciones también acordaron crear cuatro grupos de trabajo que se centrarán en materias como la acción exterior, las infraestructuras, la innovación y asuntos relacionados con el área de interior. Además, se repasaron los convenios de colaboración vigentes y se decidió mejorar la información entre ambas administraciones con el fin de "evitar en lo posible controversias judiciales" por conflictos competenciales generados por reglamentos y leyes.