Se investigará la posible vulneración de derechos de ciudadanos por parte de los cuerpos de seguridad
BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que el Govern ha aprobado el plan de trabajo de la comisión de investigación por los hechos ocurridos a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, que incluye el estudio de las actuaciones policiales en las protestas y los disturbios en respuesta al dictamen, y que remitirán al Parlament.
En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha explicado que el objetivo de esta comisión parlamentaria es, por un lado, investigar "si se han preservado los derechos y las libertades y, por otro, la actuación de los cuerpos de seguridad en Cataluña en los disturbios y actos vandálicos ocurrido".
Ha relatado que la comisión, cuya creación fue aprobada por el gabinete del presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 29 de octubre, también incorporará la documentación elaborada por el Síndic de Greuges "relacionada con la actuación de cuerpos de seguridad" que participaron del dispositivo en la semana posterior a hacerse pública la sentencia.
El plan de trabajo que propone el Govern se inicia con el análisis y documentación de los hechos en relación a los derechos de "expresión, manifestación y reunión así como los disturbios y los actos vandálicos" que tuvieron lugar.
También se investigará la intervención de los diferentes cuerpos de seguridad y analizará la "posible vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos, de su libertad de expresión, manifestación y reunión, así como si se respetaron las garantías procesales y judiciales en las detenciones efectuadas".
El análisis también abarcará los casos de desobediencia civil no violenta y hará recomendaciones al respecto, y estudiará las diferentes formas de actuar y los medios utilizados en casos similares en otros países de la UE.
Los trabajos de la comisión se reflejarán en un dictamen y esta comisión incorporará la documentación elaborada por el Síndic a raíz de las investigaciones iniciadas por esta institución en relación a las actuaciones de los cuerpos de seguridad y los informes sobre la desobediencia civil no violenta además de incorporar a especialistas en la materia.
