Esta iniciativa también beneficiará a las parejas de hecho inscritas en el registro civil, con independencia del sexo de los miembros
PALMA DE MALLORCA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Govern creará un servicio de mediación para resolver litigios derivados de divorcios, separaciones de parejas estables, patria potestad, violencia doméstica y otros problemas familiares por vía extrajudicial para descongestionar "en la medida de lo posible" los juzgados de las islas.
Así lo informó hoy el portavoz de Asuntos Institucionales del Grupo Popular, Miquel Jerez, en la presentación de la Proposición de Ley de Mediación Familiar, que será debatida en la Cámara durante la sesión plenaria del próximo martes.
Esta iniciativa, que excluye los enfrentamientos causados por herencia, será aplicable en todas las cuestiones de derecho civil de familia susceptibles de ser planteadas judicialmente, así como a todas las parejas de hecho inscritas en el registro civil, con independencia del sexo de los miembros.
Jerez detalló que este proyecto sólo funciona en cuatro autonomías, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias, mientras que Baleares será la primera región donde la relación entre el mediador y los miembros de la familia será instituida mediante contrato, que tendrá una duración máxima de tres meses, así como la posibilidad de prorrogarlo durante un trimestre más.
El diputado señaló que en la "filosofía" de la Ley figura la parcialidad y neutralidad del mediador, profesional cuyo objetivo, según detalló, no es ofrecer soluciones, sino "facilitar que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo libremente". Con ello, la normativa persigue que los afectados alcancen soluciones "justas y duraderas para todos".
Este servicio, adscrito a la Conselleria de Presidencia y Deportes, será gratuito para aquellas personas que acrediten no disponer de recursos económicos suficientes para costearlo, mientras que el resto de ciudadanos deberán abonar los servicios de centros de mediación privados.
Podrán optar al cargo de mediador familiar aquellas personas licenciadas o diplomadas en derecho, psicología, trabajo social, educación social, pedagogía y psicopedagogía que hayan realizado un curso en la materia programado por el Govern para la ocasión.
Los mediadores, que deberán ser escogidos de común acuerdo por las partes en conflicto, tendrán que inscribirse en el registro de Mediación Familiar de Baleares. No se podrán constituir contratos de mediación en aquellos casos en que los profesionales tengan algún vínculo de parentesco (hasta cuarto grado), amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los afectados. También será motivo de incompatibilidad haber intervenido con anterioridad en beneficio de alguno de los sujetos del conflicto.
La legislación también incluye un régimen sancionador, que establece multas de entre 300 y 120.000 euros para los mediadores, así como el cierre temporal o definitivo del centro.
Entre las infracciones leves figura no ofrecer suficiente publicidad sobre el precio del servicio; no disponer del libro de registro de mediadores del centro será considerado falta grave; mientras que entre los casos considerados muy graves se encuentra la vulneración de la confidencialidad de los usuarios y desarrollar la mediación con fines ajenos a la Ley.
