Los interinos pasarán un proceso de selección para garantizar la transparencia
BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern quiere que quienes hayan aprobado una oposición para trabajar en la Administración estén hasta tres meses de prueba para certificar sus aptitudes antes de tener plaza fija. Así lo establece el anteproyecto de ley que reformará la contratación pública, y que el Consell Executiu aprobará a finales de julio o principios de septiembre, según avanzó hoy el conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, en un encuentro con periodistas.
Otra de las grandes bazas de este anteproyecto afecta a los interinos. Quienes quieran cubrir vacantes en la Generalitat y las administraciones locales catalanas tendrán que pasar previamente un examen para garantizar así la transparencia en los procesos de selección y evitar contrataciones a dedo.
También les afectará en las oposiciones, ya que puntuará menos el haber sido interino. Así, pasará de representar el 45% de la nota como ocurre en la actualidad a un 30%.
La secretaria de Función Pública y Modernización de la Administración, Teresa Aragonès, añadió que los criterios de selección actual de interinos en la Generalitat y los entes locales "no cumplen con los principios de igualdad de oportunidad, mérito y capacidad" necesarios. De ahí la necesidad de la reforma, en un contexto en el que las nuevas tecnologías serán cada vez más fundamentales.
Ausàs concretó que su objetivo es que el Parlament apruebe la ley a lo largo del último año de la legislatura. El anteproyecto pretende reducir los elevados índices de interinaje y temporalidad, algo que ya está ocurriendo. Según los datos oficiales del Govern, si en diciembre de 2006 el 27% de la plantilla de la Generalitat era interinos o laborales temporales, en junio este porcentaje se situó en el 24%.
MODELO ÚNICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ausàs aseguró que la normativa consagrará un único modelo de administración pública en Catalunya, que no sólo afectará a la Generalitat, sus organismos autónomos y sus empresas públicas, sino también se hará extensiva a la administración local: diputaciones provinciales, ayuntamientos y consejos comarcales. Por ello, siguen las conversaciones con las entidades municipalistas para cerrar un acuerdo que, según el conseller, se logrará en breve.
Se quiere potenciar, además, la movilidad entre los trabajadores de la administración local y la autonómica, reservando el 15% de las plazas a empleados de otras administraciones. Ello obligará a crear una comisión de coordinación de la función pública.
"Dibujamos una administración moderna" con este proyecto de ley, aseguró Ausàs, quien lamentó que hasta la fecha, el sector público haya abogado por tener empleados poco especializados, con un exceso de personal administrativo y servicios de poca calificación, y pocos técnicos altamente cualificados.
Precisamente, con esta ley, que al igual que la de Educación (LEC) pretende seguir vigente independientemente de las mayorías parlamentarias, quiere impulsar el sector público. También se quiere evitar que cada conselleria vaya por su cuenta y que toda la administración pública autonómica tenga una estrategia transversal.
Ausàs también anunció hoy que en octubre saldrá a concurso la contratación de una empresa externa, que pondrá en marcha una oficina de simplificación administrativa y reducción de cargas.
