SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, Fernando Grande-Marlaska afirmó hoy que "la lucha efectiva contra el terrorismo no debe apartarse de este principio de legalidad" y que este debe ser el camino que marque "las investigaciones policiales y judiciales, los equipos de trabajo conjuntos con otros países y la colaboración internacional".
Grande-Marlaska que participó, junto con el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, en una mesa redonda 'La Justicia frente al terrorismo' en Sevilla, se refirió al concepto de lucha judicial y policial integral contra el terrorismo. En su opinión, la actuación de ETA no ha conllevado exclusivamente actos criminales asociados a un grupo armado, "sino que engloba a todo el entorno del que se ha servido para apoyar su estrategia".
El magistrado explicó que esta estrategia de 'desdoblamiento' que "ha sumado a la acción armada el frente político, el frente internacional o el frente de masas", lo que "la propia banda considera un 'desdoblamiento' entre las 'acciones militares' y la actualización de 'la legalidad burguesa' para conseguir los objetivos fijados de autodeterminación y territorialidad".
Por último, Grande-Marlaska hizo referencia al concepto de terrorismo, destacando que "la comunidad internacional aún no ha conseguido una definición unívoca" del mismo. Para el magistrado, las diferencias de matices y la falta de acuerdo en qué considerar terrorismo y qué no, "ha beneficiado y beneficia a algunas bandas terroristas que aspiran a ser consideradas movimientos de liberación".
ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA
Por su parte, el presidente de la Sala de lo Penal abordó la práctica de la lucha jurídica contra el terrorismo y cómo la centralización de estas competencias en la Audiencia Nacional "permite una alta especialización para dar respuesta a las cambiantes formas que el terrorismo plantea" y consideró que este órgano judicial es "la vanguardia en la lucha contra la criminalidad organizada y, específicamente la de tipo terrorista".
Gómez Bermúdez aseguró que "está demostrado que no son precisos cambios radicales o sustanciales en la legislación para hacer frente a las nuevas formas de terrorismo" y, por otro lado, que "es imprescindible una alta especialización y un especial entrenamiento en la valoración de la prueba y en la interpretación de las normas procesales".
No obstante, el presidente hizo hincapié en que "cada tipo de terrorismo es distinto no sólo desde el punto de vista material sino también desde el jurídico-procesal" y explicó las diferencias entre, por ejemplo, el terrorismo etno-nacionalista "que suele reconocer los hechos en sede policial y negarlos en sede judicial", alegando torturas, y el terrorismo yihadista que "no rechaza el sistema, acepta la legitimidad del tribunal y niega sistemáticamente los hechos".
Para concluir, Gómez Bermúdez repasó las características del terrorismo islamista, del que resaltó el bajo coste de su estructura y sus atentados, y dijo que "la existencia de tradiciones religioso-culturales sirven de cobertura involuntaria". Asimismo, señaló que se trata de un tipo de terrorismo que se caracteriza por "la diversidad de las fuentes de financiación, entre las que se incluyen incluso el uso de organizaciones solidarias".
Fernando Grande-Marlaska nació en 1962 en Bilbao y es licenciado en Derecho-Económico por la Universidad de Deusto (Bilbao). Comenzó su carrera judicial como magistrado del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Santoña (Cantabria) en 1988, y, tras pasar por los Juzgados de Instrucción de Primera Instancia y los de Instrucción de Bilbao, estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid. En 2003, paso al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, donde desde este año ejerce como magistrado de la Sala de lo Penal. También ha sido profesor de la Universidad de Deusto-Escuela de Práctica Jurídica y de Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Vizcaya.
Javier Gómez Bermúdez nació en 1962 en Álora (Málaga) y es licenciado en Derecho por la Facultad de Granada. Inició su carrera en Juzgado de Distrito de Torrox (Málaga), tras lo que se encargó del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montilla (Córdoba) y del Juzgado de lo Penal núm. dos de Almería. Su siguiente destino fue Audiencia Provincial de Almería y el Juzgado Central de Menores y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Posteriormente, fue nombrado magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, hasta su nombramiento como presidente en 2004.
