MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó hoy prisión incondicional para los seis presuntos encargados de dirigir la infraestructura de ETA en México, que fueron extraditados hoy por el país norteamericano, tras tomarles declaración durante esta tarde en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Están acusados de delitos de integración en organización terrorista, allegamiento de fondos y blanqueo de dinero.
En concreto, se trata del presunto jefe del 'aparato' de infraestructura en México, Juan Carlos Artola Díaz, y de otros cinco supuestos colaboradores de ETA en dicho país: Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera, Asier Arronategui Duradle, María Asunción Gorrochategui Vázquez y José María Urquijo Borde.
Según informaron fuentes jurídicas, el juez Grande-Marlaska considera que ayudaban a refugiados en México bajo cobertura directa de la organización terrorista en Francia, canalizaban fondos y organizaban el entramado de empresas de la banda en el país norteamericano.
Así, formaban parte del colectivo de refugiados de ETA en México encargado de recoger a las personas que llegaban a aquel país y darles apoyo. Se ocupaban de coordinar su estancia y, al mismo tiempo, recibían fondos de la dirección de ETA que blanqueaban a través de un entramado de empresas. Entre los hechos concretos que se les atribuyen figura la compra de detonadores para la organización terrorista, indicaron fuentes jurídicas.
La entrega de los presuntos terroristas se produjo en virtud de una solicitud de extradición de las autoridades españolas, después de que el 18 de julio de ese mismo año los presuntos etarras fueran detenidos por la Agencia Federal de Investigación (AFI) en México, en cumplimiento de una Comisión Rogatoria Internacional emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5.
Todos ellos fueron detenidos por la Agencia Federal de Investigación (AFI) en México, el 18 de julio de 2003, en cumplimiento de una Comisión Rogatoria Internacional emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 con el fin de determinar la infraestructura logística y económica desarrollada por la banda terrorista ETA en el país norteamericano.
La extradición se ha retrasado porque las defensas de los imputados recurrieron la detención, que consideraban ilegal, pero finalmente el Tribunal Supremo mexicano desestimó esa petición el mes pasado --por unanimidad de sus 11 miembros-- y dio luz verde al traslado a España de los detenidos. El Gobierno español solicitó formalmente la extradición en septiembre de 2003, apenas dos meses después de la operación policial.
ESTRUCTURA EN MÉXICO
Las investigaciones de la Policía permitieron detener el 19 de julio de 2003 a diez personas, nueve en México y una en Gernika (Vizcaya), Mikel Josu Arronategi. Su hijo Asier fue uno de los arrestados en México. Aquella operación descubrió una estructura estable de ETA en México, formada por huidos de la Justicia española.
Según explicó el ministro de Interior de la época, Angel Acebes, los presuntos terroristas formaban una estructura dirigida por un Comité de Organización que estaba subordinado a la dirección de ETA en Francia. Este Comité acogía a otros huidos, les daba cobijo, facilitaba documentación falsa y obtenía billetes para que viajasen a terceros países o de vuelta a Francia, para reintegrarse en la actividad terrorista.
Para todo ello, la banda trasladaba dinero en efectivo desde Francia a México, a veces pasando por España. Utilizaban transferencias internacionales como medio más rápido y seguro para hacer llegar dichos fondos. Los detenidos, además, reintegraban el dinero mediante operaciones en efectivo y libramiento de cheques que cobraban en caja para dificultar la identidad del beneficiario.
Hasta el momento de las detenciones se habían congelado 900.000 pesos en distintas entidades financieras (unos 17 millones de pesetas), aunque Acebes se refirió a esa cantidad como "botón de muestra". En la operación, la Policía mexicana registró algunos locales comerciales y también empresas y domicilios, aunque también depositaban el dinero en fondos de inversión o en cuentas "puente" de forma temporal.
PADRE E HIJO
Según las investigaciones policiales, Mikel Josu Arronategui Bilbao, de 71 años, formaba parte de la organización terrorista canalizando los fondos que la dirección de ETA disponía para financiar actividades de sostenimiento de la infraestructura logística en México. En Monterrey fue detenido su hijo, Asier Arronategui Durade, quien era el canalizador, junto con su padre, de los fondos que ETA destinaba en México.
Por su parte, Félix Salustiano García Rivera era, en el momento de su detención, el responsable del colectivo de huidos etarras en el Estado de México y México D.F., mientras que Ernesto Alberdi lo era en el Estado de Puebla y José María Urquijo, 'Kinito', en el de Quintana Roo.
Pero Urquijo apareció poco después en otra investigación de la Comisaría General de Información de la Policía. Tras la desarticulación en abril de 2004 del sub-aparato de electrónica de ETA en Francia, conocido como 'Los Dinos', se pudo saber que 'Kinito', con identidad falsa, había adquirido a una empresa barcelonesa desde México receptores, decodificadores y otros artilugios para la fabricación de bombas por control remoto.
Estos artefactos fueron probablemente utilizados en varios atentados, entre ellos los cometidos por ETA el 4 de agosto de 2002 contra una casa cuartel en Santa Pola (Alicante), donde murió una niña de 6 años y un hombre de 57, y en el del 24 de septiembre de ese mismo año en Leiza, donde falleció un cabo de la Guardia Civil.
