MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha trasladado este martes a los principales sindicatos de Prisiones la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de mejorar las condiciones salariales de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
El titular de Interior ha mantenido una reunión con los representantes sindicales de Instituciones Penitenciarias en la sede del Ministerio en Madrid en el marco de las reivindicaciones para lograr la equiparación salarial para los funcionarios de Prisiones.
Durante el encuentro, Grande-Marlaska ha trasladado a los sindicatos la voluntad del Ejecutivo socialista para reforzar las plantillas y mejorar las condiciones salariales de este colectivo. En este marco, el próximo día 24 de julio tendrá lugar la primera reunión del grupo de trabajo impulsado para estudiar estas reivindicaciones, que estará presidida por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y contará con la presencia de los sindicatos de Prisiones.
Entre las demandas planteadas al ministros, según el sindicato CSIF, se ha puesto encima de la mesa la necesaria equiparación salarial con los funcionarios de Cataluña, con unas diferencias salariales que oscilan desde un mínimo de 1.600 euros (funcionario de oficina genérico) hasta los 25.000 euros, según los puestos.
Esta demanda supondría un gasto al Estado de 168 millones de euros, según calcula CSIF, que ha reclamado una partida adicional para cubrir este importe y que se empiecen a negociar, cuanto antes, los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Igualmente, este sindicato ha reclamado la aprobación inmediata de una oferta de empleo público extraordinaria adicional a la de 2018 para cubrir el déficit de 3.000 efectivos que, según denuncia, sufren las plantillas de Prisiones y que, además, precisan de una mejora salarial con respecto a los funcionarios de Cataluña, una situación muy similar a lo que motivó que se negociara una equiparación para la Policía y la Guardia Civil.
Este sindicato también reclama medidas para revertir la privatización de los servicios públicos con la contratación de vigilancia privada, impulsar los concurso de traslados, el traspaso de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas y una política de 'tolerancia cero' ante las agresiones a funcionarios.
Finalmente, CSIF ha recordado que los funcionarios de prisiones son los grandes perjudicados de los Presupuestos de 2018 y, si bien están abiertos a la negociación, "esta situación de impasse no es un cheque en blanco" y en función de cómo fructifiquen las negociaciones se condicionarán sus movilizaciones.
