MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Foro Español de la Familia, el Instituto de Política Familiar y la asociación Derecho a Vivir (HazteOir) han lamentado este miércoles que el Tribunal Constitucional vaya a mantener en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo mientras resuelve sobre su constitucionalidad, porque consideran que es un "tremendo error" que los magistrados se hayan "decantado por el Gobierno".
Así lo ha expresado el presidente del IPF, Eduardo Herltfelder, para quien "el TC se ha decantado por el Gobierno en vez de por la mujer y por el niño dejándolos indefensos y desamparados". En su opinión, esta ley "tiene visos de inconstitucionalidad" por lo que no debería permitirse su aplicación en tanto se decide sobre los artículos recurridos.
"¿Quien va devolver la vida a los niños si el TC declara inconstitucional la citada ley el día de mañana?" se pregunta la organización, para denunciar que "la vida no tiene efectos retroactivos y a esos niños que se les habrá privado de la vida en este tiempo no tendrán la oportunidad de nacer".
Por su parte, el presidente del Foro, Benigno Blanco, considera que con este "inmenso error", el TC "demuestra una criticable indiferencia hacia el bien que esta en juego: la vida de los niños no nacidos" y el "gravísimo daño que va a causar la vigencia de la ley" por lo que reclama a los magistrados que den "prioridad absoluta" a la tramitación de los recursos contra la norma.
"La mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado no suspender la Ley demuestra que algo falla muy seriamente en nuestro sistema constitucional de defensa de los derechos fundamentales", señala Blanco, para afirmar que "si una mayoría coyuntural aprobase de nuevo la pena de muerte en España, con esta doctrina el Tribunal Constitucional permitiría que entrase en vigor y que se ejecutase".
Por último, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha puesto el acento en que con esta decisión la vida "es despreciada", se "abre la puerta a la muerte irreparable de miles de seres humanos", sus "efectos irreversibles son tan claros como nefastos" y los pagará "toda la sociedad".
A juicio de la organización, la no suspensión de la ley demuestra que "ni la sociedad, ni muy especialmente la clase política, puede dejar en manos del TC la responsabilidad de la defensa de la vida". "En numerosas ocasiones, miembros del PP han asegurado que la defensa de la vida quedaba garantizada por el Constitucional. Hoy se demuestra que es falso y que deberían dar un paso más al frente como ya lo ha hecho en su mayoría la propia sociedad española", ha señalado Joya.
