La Guardia Civil interpone una denuncia por calumnias contra un testigo protegido en el caso del cura de Borja

Actualizado: miércoles, 5 febrero 2014 19:05

ZARAGOZA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han interpuesto una denuncia por presunto delito de calumnias contra Rafael G.C., hace poco testigo protegido en el caso del párroco de Borja.

Este hombre se desdijo en su última declaración ante la juez de Tarazona, encargada del caso, de sus anteriores afirmaciones sobre la existencia de unas imágenes comprometedoras del sacerdote, Florencio Garcés, con la que le estarían extorsionando, al alegar que agentes de la Benemérita le habían presionado y coaccionado para realizar esta declaración.

El abogado Mariano Montesinos, que representa a los cuatro agentes, ha explicado a Europa Press que han presentado la denuncia este miércoles, después de conocer por los medios de comunicación que el testigo se ha desdicho de sus declaraciones iniciales imputando a la Guardia Civil "un delito de coacciones y presiones".

"Además de desdecirse, imputó a mis representados la comisión de presuntos delitos de coacciones". Estos cuatro funcionarios de la Guardia Civil son quienes "llevaron a cabo la investigación que originó el procedimiento judicial, del que no somos parte", ha comentado.

Así, "a la vista de esa información" y dado que "la noticia se sigue reproduciendo, mis representados han decidido interponer una denuncia criminal contra el testigo por delitos de calumnias contra estas cuatro personas".

"EXTREMA GRAVEDAD"

El abogado ha considerado "reprobables y merecedoras del más enérgico rechazo por su extrema gravedad" las afirmaciones realizadas sobre las supuestas presiones ejercidas por estos agentes al testigo de la denominada Operación Espino, una manifestaciones "gratuitas y carentes de cualquier fundamento" que constituyen "un auténtico ataque a la honorabilidad y buen nombre de mis representados".

En este procedimiento, "la investigación siempre ha estado bajo la dirección de la autoridad judicial, persiguiendo únicamente el esclarecimiento de lo ocurrido, aportando cuantas pruebas contribuyen a dicho objetivo sin ningún otro interés personal o económico".

Asimismo, ha señalado que las resoluciones dictadas por la juez instructora ponen de manifiesto que por parte de los investigadores "se ha llevado a cabo una profusa, intensa e imparcial investigación" que se ha puesto a disposición de la justicia que deberá adoptar las decisiones que procedan.

Por ello, ha insistido en que las afirmaciones del testigo "suponen un grave atentado contra el honor de estos guardias civiles que incluso traspasa la esfera personal y podría afectar a la propia imagen de todo el colectivo".

Los guardias civiles "niegan rotundamente que existiesen esas presiones o coacciones en la declaración del testigo", por lo que "para preservar sus derechos han emprendido esta acción judicial" y ahora "su señoría tendrá que tomar la decisión que crea oportuna" al respecto, ha observado Montesinos. Asimismo, los agentes se reservan el ejercicio de cuantas acciones estimen oportunas contra otras personas que pudieran proceder del mismo modo.

OPERACIÓN ESPINO

El sacerdote Florencio Garcés, de 70 años de edad, fue detenido el viernes 29 de noviembre por la Guardia Civil en la denominada 'Operación Espino' por su posible implicación en varios delitos, entre ellos, apropiación indebida de dinero de la parroquia. Días más tarde fueron detenidas otras cinco personas, miembros de una misma familia y que, al igual que el sacerdote, se encuentran en libertad con cargos.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona, Nieves Pérez, imputó a Garcés como posible autor de un delito de apropiación indebida continuada y agravada por la cantidad de 185.183,63 euros. El cura ingresó el 5 de diciembre en la cárcel de Zuera, en situación de prisión provisional sin fianza, si bien una semana después quedó en libertad.

La pasada semana, el testigo clave del caso, un vecino de Borja hasta hace poco testigo protegido, declaró ante la juez que agentes de la Guardia Civil le presionaron para decir que existían imágenes comprometidas del sacerdote y que le habían obligado a mentir, declaración que ha originado la denuncia por calumnias contra esta persona.

Leer más acerca de: